El ataque armado que dejó heridos a los abogados Héctor Villasana y Erick Muñoz durante el funeral de Luis Carlos “Coco” Baca Herrera sigue generando ondas en el ámbito político y jurídico de Chihuahua.
El agresor, Fernando “El Chino” Ramírez Gutiérrez, fue detenido en el lugar, pero lo que más ha sacudido a la opinión pública es su parentesco: es hermano del presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez.
Ante la presión mediática, el legislador emitió hoy una declaración deslindándose de los hechos. Aseguró que no intervendrá en el proceso legal y que su papel institucional no guarda relación con los actos violentos cometidos por su hermano. “Será responsabilidad de Fernando afrontar las consecuencias legales”, afirmó, reiterando su compromiso con el Estado de derecho.
Para el gremio jurídico, el deslinde no basta. La agresión ocurrió en un espacio simbólicamente sagrado —una funeraria— y en presencia de figuras clave del ámbito legal y político. Villasana y Muñoz, socios en un despacho con sede en Chihuahua capital, fueron heridos al intentar mediar en una discusión que escaló rápidamente. El ataque, según testigos, iba dirigido al exfuncionario Eloy Soto Payán.
La imagen de los abogados heridos en plena vía pública, mientras el agresor era señalado por los presentes, ha circulado ampliamente. La pregunta que muchos se hacen no es solo quién disparó, sino qué redes de poder permiten que alguien vinculado al Congreso actúe con tal impunidad.
Hasta ahora, ningún otro legislador ha emitido postura. La Fiscalía Zona Sur continúa con las investigaciones, pero no ha precisado si el detenido enfrentará cargos por tentativa de homicidio. Mientras tanto, el deslinde del presidente del Congreso parece más una estrategia de contención que un acto de rendición de cuentas.
El ataque en Parral no es un hecho aislado. Es síntoma de una fractura entre instituciones, ciudadanía y poder. Que un hermano de un alto funcionario dispare en público, en un funeral, y que la respuesta institucional sea un deslinde, revela el estado de vulnerabilidad en que operan los profesionales del derecho.
