El litigante y miembro del Colegio de Abogados de Chihuahua advierte que la rescisión masiva, sin procedimiento ni audiencia, es jurídicamente indefendible y provocará un colapso funcional en la defensa pública.
Chihuahua, Chih., 2 de julio de 2026.- Tras el despido masivo de trabajadoras sociales adscritas a la Defensoría Pública Federal —notificado el pasado 30 de junio en distintos estados del país— el abogado litigante Gabriel Vidaña, integrante del Colegio de Abogados de Chihuahua, calificó la medida como “un golpe directo a la línea de flotación del sistema de justicia”, además de una violación evidente a los derechos laborales de las afectadas.
Vidaña señaló que el Órgano de Administración Judicial federal actuó con arbitrariedad, al rescindir contratos sin procedimiento previo, sin derecho de audiencia y bajo una opacidad calculada, dosificando las bajas para reducir el costo político.
Afirmó que esta ejecución administrativa “es procesalmente indefendible” y anticipó que abrirá la puerta a numerosos juicios de amparo, los cuales —dijo— las trabajadoras terminarán ganando por las flagrantes violaciones constitucionales cometidas.
El abogado en un escrito que envió a HBMNoticias.com, enfatizó que el impacto más grave no es únicamente laboral, sino funcional. Recordó que el trabajo social dentro de la defensoría pública es un componente técnico indispensable para garantizar derechos fundamentales.
“El trabajo social no es burocracia prescindible. Son estas profesionales quienes acreditan la vulnerabilidad de un imputado, quienes sustentan técnicamente la sustitución de la prisión preventiva y quienes operan como el último filtro de protección para menores y víctimas”, explicó.
La salida abrupta de estas especialistas, advirtió, deja a los defensores públicos “ciegos en el terreno fáctico”, degradando la calidad de la defensa y afectando directamente el derecho de las personas a un debido proceso.
En Chihuahua, personal sindical confirmó que también existen trabajadoras afectadas, aunque aún no se ha precisado el número.
A nivel nacional, se estima que son más de 40 mujeres, muchas de ellas jefas de familia y con hasta dos décadas de servicio, fueron separadas de su cargo sin explicación formal.
Vidaña sostuvo que esta acción no representa una depuración institucional, sino “un atropello administrativo de consecuencias jurídicas desastrosas que el gremio local y nacional no puede callar”.
Hasta el momento, la Defensoría Pública Federal no ha emitido un comunicado público que explique los criterios de los despidos ni el impacto operativo que tendrá la eliminación de estas plazas.
