El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores expresa su respaldo institucional a Mónica Calles Miramontes, abogada electoral, constitucionalista, analista política y columnista, ante la denuncia penal promovida en su contra y la posterior apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
El origen de este caso, de acuerdo con lo expuesto públicamente por la abogada, se encuentra en las denuncias que recientemente realizó sobre presuntos abusos y graves violaciones a derechos humanos cometidos contra trabajadores del INE, en el contexto de las renuncias y despidos masivos registrados dentro de la institución. En ese marco, el pasado 20 de agosto acudió a una diligencia en instalaciones del organismo electoral, donde cuestionó la actuación de diversos funcionarios y exigió que acreditaran su identidad, sus facultades legales y el procedimiento en el que sustentaban sus actuaciones.
Según su propio relato, la diligencia se prolongó durante aproximadamente 10 horas. Ante lo que consideró irregularidades y posibles violaciones a derechos, documentó mediante videos lo ocurrido y posteriormente difundió ese material en redes sociales. El 31 de agosto fue notificada de la existencia de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
El Foro considera que la secuencia de estos acontecimientos merece la máxima atención. No prejuzgamos sobre la investigación ni anticipamos responsabilidades y reconocemos las facultades legales de las autoridades para investigar cualquier conducta que pudiera constituir un delito. Pero sostenemos, al mismo tiempo, que esas facultades deben ejercerse con estricto apego a la Constitución, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a los derechos fundamentales.
Nuestra preocupación radica en que las actuaciones de carácter penal se producen después de que la abogada Mónica Calles hizo públicos sus cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios del INE y denunció presuntas violaciones a derechos de trabajadores de esa institución. La coincidencia temporal no permite, por sí misma, establecer una relación causal ni atribuir una intención determinada a las autoridades; pero sí obliga a exigir que el caso sea esclarecido y que no exista ningún efecto inhibidor sobre el derecho a denunciar, cuestionar y ejercer la libertad de expresión.
En una democracia constitucional, ninguna institución pública está exenta del escrutinio ciudadano. Las autoridades pueden ser cuestionadas, criticadas y señaladas cuando existen razones para ello, y quienes denuncian posibles abusos o irregularidades deben poder hacerlo sin temor a que el ejercicio legítimo de sus derechos pueda convertirse en un procedimiento intimidatorio. La libertad de expresión adquiere su verdadera dimensión precisamente cuando protege las voces que incomodan al poder.
En este caso, lo que está en juego es el derecho de periodistas, abogados, defensores de derechos, trabajadores y ciudadanos a denunciar posibles abusos y exigir que las instituciones actúen dentro de la ley. Cualquier actuación del Estado que pueda interpretarse como consecuencia de una crítica o denuncia pública puede generar un efecto inhibidor que termine silenciando no solamente a una persona, sino a muchas otras que podrían optar por callar ante el temor de enfrentar consecuencias legales.
Esta preocupación adquiere especial relevancia ante la proximidad del proceso electoral federal 2026-2027. El INE tiene una responsabilidad fundamental en la vida democrática del país y, precisamente por la trascendencia de su función, sus actuaciones deben estar sujetas al escrutinio público, a la rendición de cuentas y al debate abierto. Una institución electoral fuerte no es aquella que no recibe críticas, sino aquella que puede responderlas y demostrar que actúa conforme a la ley.
Por ello, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores hace un llamado al INE y a la FGR para que garanticen plenamente los derechos de la abogada Calles Miramontes, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad de expresión; asimismo, para que cualquier actuación esté debidamente fundada y motivada, sea proporcional y no constituya, directa o indirectamente, un mecanismo de intimidación por sus opiniones, análisis, señalamientos o ejercicio profesional.
El Foro no pretende interferir en las atribuciones de las autoridades ni solicitar privilegios para Mónica Calles Miramontes. Exige que la ley se aplique con absoluto respeto a la Constitución. La abogada electoral, constitucionalista, analista política y columnista cuenta con nuestro respaldo institucional; pero esta defensa trasciende, porque en el Foro de Periodistas defendemos el derecho de toda persona a denunciar posibles violaciones a derechos humanos, cuestionar a las instituciones y ejercer la libertad de expresión sin temor a ser criminalizada por incomodar al poder.
La crítica no es un delito. Denunciar posibles abusos no debe ser motivo de intimidación. Defender derechos no puede convertirse en razón para silenciar una voz.
Atentamente
FORO NACIONAL DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES
Delegados Nacionales
