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México

Amigo de Andy fundó empresa con contratos públicos en tres sexenios; Sixsigma Networks suma 33 mil millones de pesos

Mauricio Garduño González Elizondo, un “amigo” de Andy López Beltrán que estuvo presente en el cónclave del restaurante Magazzino de la colonia Condesa, fundó una empresa con contratos multimillonarios en diversas dependencias en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Además de ser socio minoritario de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., Garduño González Elizondo es dueño de Grupo Comercial Nasa, dedicado a comercializar, distribuir, importar y exportar ropa, medicamentos y alimentos; Grupo Gamao, S.A. de C.V.; Fast Multimarca, S.A. DE C.V., y Bil Satelite Nasa, dedicadas al comercio de vehículos; así como Grupo Nade y Sixsigma Networks, especializadas en telecomunicaciones.

La última de ellas, Sixsigma Networks, tiene un amplio historial de 198 contratos públicos con el gobierno federal que datan desde el año 2006, por montos que en su conjunto superan los 33 mil millones de pesos, y de la cual el empresario mexicano es fundador.

Si bien los contratos de Sixsigma Networks con la Federación no revelan ninguna ilegalidad, muchos de ellos se han otorgado por adjudicación directa.

Destaca un “megacontrato” que firmó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2016. Se trató de una licitación del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), un contrato histórico en consorcio con IBM que superó los 9 mil 900 millones de pesos para modernizar las aduanas del país.

El contrato fue ampliamente cuestionado, al punto de que en la Cámara de Diputados la legisladora lrma Rebeca López López, del grupo parlamentario de Morena (que entonces era oposición), interpuso dos puntos de acuerdo durante la 63 Legislatura (2016), uno para exigir la cancelación del contrato bajo el argumento de irregularidades en el proceso y otro para pedir a la Auditoría Superior de la Federación la apertura de una investigación.

Tras una fuerte disputa legal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó reponer el fallo y fue hasta mayo de 2018 cuando dicha transacción cobró vigencia, por un monto final de 8 mil 540 millones de pesos.