En las instalaciones de la Auditoria Superior del Estado acudieron Jorge Salcido síndico municipal del San Francisco del Oro, acompañado de las regidoras Galilea Granados Gutiérrez, Katia Trejo Rodríguez y María Guadalupe Aguirre Correa, así como también de la dirigencia estatal del PRI encabezada por Alejandro Domínguez y Kenya Durán con el fin de solicitar una auditoria especial al alcalde de San Francisco del Oro el Ing. Arturo Huerta Luevano.
“Buscamos que se investigue y se realice una auditoría especial al alcalde Arturo Huerta Luevano en razón de un préstamo que se le aprobó en mayo y tiene muchas inconsistencias ya que violenta la ley de deuda pública y venimos un servidor y mis compañeras regidoras para el que el auditor del estado nos reciba esta solicitud y puedan proceder a revisar a fondo” comentó Jorge Salcido.
A su vez explicó que se trata de un préstamo aprobado el 25 de mayo del 2022 el cual consta de la cantidad de 6 millones de pesos, mismo que no ha quedado claro en que se ha ejecutado el gasto, ya que la tesorera municipal Mayra Gabriela Caro Tarín justifico el préstamo para pago de nómina y deuda a proveedores, sin embargo, no coincide con las cuentas del contrato firmado. Por otra parte, expresó que el préstamo contraído por la financiera está sujeto a un interés anual del 60% por lo que violenta la ley de deuda pública y pone el riesgo las finanzas del municipio.
“Acompañamos a nuestro síndico Jorge Salcido a presentar esta solicitud ante el auditor superior del estado con la finalidad que se hagan una serie de investigaciones por el manejo financiero inadecuado por parte del alcalde Arturo Huerta, por lo que buscaremos que se haga una revisión exhaustiva a este ejercicio presupuestal en razón de inconsistencias, agradeceremos al auditor Héctor Acosta la apertura para poder revisar esta situación.” Expresó Alex Domínguez.
Finalmente, el dirigente se comprometió a seguir apoyando a todos los síndicos municipales de su partido en todo el estado para que las administraciones municipales sean más cuidadosas y rectas en el ejercicio gubernamental, refiriéndose a las administraciones de todos los partidos políticos, con el fin de que se atienda el nuevo esquema de fiscalización y el sistema estatal anticorrupción.
