Chihuahua, Chih.— El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, anunció que presentará un exhorto dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar medidas de apoyo a productores agrícolas inscritos o que buscan reincorporarse al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA).
El legislador explicó que uno de los principales planteamientos será facilitar la reincorporación de productores al programa, además de buscar alternativas para atender los cobros y adeudos relacionados con el suministro de energía eléctrica utilizado en las actividades agrícolas.
Medina señaló que la intención es generar mayor certidumbre para los productores mediante mecanismos de apoyo que permitan mantener en funcionamiento los sistemas de riego y evitar que las dificultades económicas deriven en afectaciones a la producción.
El coordinador priista indicó que la propuesta contempla una coordinación entre la CFE y Conagua para atender la situación de los productores que enfrentan adeudos, aunque todavía deberán definirse los mecanismos jurídicos y las instancias encargadas de aplicar las posibles medidas.
Señala cortes de electricidad en predios agrícolas
Medina recordó que durante la semana pasada se registraron cortes de suministro eléctrico en algunas regiones del estado, realizados por personal de la CFE con presencia de elementos de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el diputado, estas acciones generaron inconformidad entre productores debido a que la suspensión del servicio podría afectar los sistemas de riego, la continuidad de los cultivos y la economía de las familias que dependen de las actividades agrícolas.
El legislador atribuyó parte de las dificultades que enfrenta el sector al incremento en los costos de producción, particularmente por el aumento en el precio de insumos, diésel y tarifas eléctricas, factores que, señaló, han reducido los márgenes de los productores.
Ante este panorama, sostuvo que el exhorto busca que las autoridades federales analicen alternativas que permitan a los agricultores mantener el suministro de energía necesario para sus actividades y evitar que los problemas relacionados con los adeudos terminen afectando la producción del campo y el ingreso de las familias rurales.
