La llamada “Ley Antimemes” ha generado debate en México por una reforma que contempla penas de hasta siete años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA para determinados usos de la identidad gráfica y signos oficiales del Gobierno.
El proyecto ha provocado cuestionamientos por sus posibles efectos en memes, parodias y contenidos satíricos difundidos en medios y redes sociales.
El término “Ley Antimemes” no corresponde al nombre oficial de una sola legislación, sino que se utiliza de manera coloquial para identificar distintas propuestas que han sido relacionadas con la regulación de contenidos digitales, memes y parodias.
En el caso que actualmente se discute en el Senado, la modificación corresponde a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial e incorpora el artículo 403 Bis.
La propuesta establece sanciones para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos u otros signos de carácter oficial de los tres órdenes de gobierno cuando la conducta tenga como finalidad inducir a error o engaño.
El artículo 403 Bis plantea una pena de tres a siete años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para las conductas contempladas en la propuesta.
Las sanciones están vinculadas con el uso de elementos oficiales bajo las condiciones establecidas por el propio artículo.
Entre los elementos considerados se encuentran la identidad gráfica institucional, los dominios electrónicos y otros signos de carácter oficial correspondientes a órganos autónomos y dependencias de los tres niveles de gobierno.
Un punto relevante del texto es que la conducta debe realizarse a escala comercial y tener como propósito inducir a error o engaño a una o más personas.
Es decir, la redacción no establece una prohibición general para cualquier meme que utilice un logotipo o elemento gubernamental.
La discusión se ha concentrado precisamente en cómo podrían interpretarse estos elementos cuando una publicación utiliza símbolos oficiales dentro de una parodia, caricatura o contenido satírico.
Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es la ausencia de una excepción expresa para periodistas y parodias dentro del artículo que se pretende modificar.
Desde la oposición se ha planteado que el texto debería establecer de manera clara que los contenidos periodísticos, las parodias y otras expresiones relacionadas con el debate público queden protegidos, con el objetivo de evitar interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, pidió que el artículo sea corregido para incorporar expresamente estas excepciones y garantizar la protección del periodismo, las parodias y el debate público.
«¿A qué nos referimos con que se corrija? Que se diga de manera expresa que hay una excepción a periodistas, que hay una excepción a parodias y que se tiene que maximizar el debate y la libertad de expresión.
Dejarlo en los términos en los que está el dictamen es usar el T-MEC de pretexto para, por abajo de la mesa, introducir una prohibición, para que ya no haya en redes sociales, en televisión, en radio, parodias y críticas al gobierno que sabemos les molestan mucho”, subrayó el senador panista.
La postura de Anaya forma parte del debate legislativo sobre los alcances de la reforma y no implica que las sanciones ya puedan aplicarse.
La discusión se ha extendido a contenidos publicados en Facebook, X, TikTok, WhatsApp, medios de comunicación, caricaturas y videos satíricos, particularmente cuando utilizan elementos que identifican a una institución pública.
El cuestionamiento de legisladores de oposición es que, si no se establecen límites y excepciones de manera explícita, podría existir incertidumbre sobre la aplicación de la norma a contenidos de crítica política o parodia.
La modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial forma parte de un proceso legislativo que todavía debe concluir antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.
Las comisiones unidas del Senado aprobaron el dictamen este 23 de septiembre, con 25 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, por lo que el proyecto continuará su trámite legislativo.
Con información de agencias.
