Edición 031/2025
Hoy es martes 9 de diciembre de 2025.
La nueva detención de César Duarte por presunto lavado de dinero reabre el debate sobre la selectividad de la justicia mexicana: mientras el aparato federal actúa con contundencia en Chihuahua, permanece en silencio frente a señalamientos de enriquecimiento inexplicable contra Adán Augusto López.
El pasado 8 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La orden de aprehensión había sido emitida en mayo de 2024, pero solo pudo ejecutarse tras la autorización del gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2025, que permitió procesarlo por delitos distintos a los que motivaron su extradición inicial.
Duarte, quien ya enfrentaba procesos por peculado y asociación delictuosa, ahora es señalado de haber triangulado recursos desviados del erario estatal a través del sistema financiero mexicano, ocultando su origen ilícito.
El caso se suma a un largo historial de acusaciones: desde el presunto desvío de más de 6,000 millones de pesos hasta la construcción irregular de infraestructura hidráulica en su rancho “El Saucito”.
La detención, ejecutada en Chihuahua y seguida de su traslado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, representa un nuevo capítulo en la narrativa de corrupción que ha marcado la política estatal.
El contraste que más resuena en la opinión pública es la asimetría en la persecución judicial. Mientras Duarte vuelve a prisión, no existe investigación abierta contra Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y figura clave del oficialismo, pese a las múltiples denuncias mediáticas y testimoniales sobre su presunto enriquecimiento.
Se han señalado propiedades, inversiones y un estilo de vida que no corresponden con su trayectoria salarial.
Ni la FGR ni la Unidad de Inteligencia Financiera han anunciado indagatorias, lo que alimenta la percepción de que la justicia mexicana opera bajo criterios políticos.
El caso Duarte se convierte en un ejemplo de que el Estado puede actuar con firmeza, pero también de que **la selectividad erosiona la credibilidad de las instituciones**.
La columna vertebral de este debate es la impunidad estructural. Duarte es castigado porque su figura ya no representa un activo político para el sistema, mientras que López, aún cercano a las esferas de poder, permanece intocable.
Para Chihuahua: la detención de Duarte es un recordatorio de las heridas abiertas por la corrupción y el saqueo del erario.
Para México: la ausencia de investigaciones contra otros actores políticos refuerza la idea de que la justicia se aplica de manera discrecional y estratégica**, más como herramienta de control que como mecanismo de legalidad.
Para la ciudadanía: cada caso de impunidad mina la confianza en el aparato estatal y fortalece la percepción de que la corrupción es un sistema protegido desde arriba.
La nueva detención de César Duarte no solo revive un expediente judicial, sino que expone la doble moral del Estado mexicano**: se castiga a unos mientras se protege a otros. El caso se convierte en espejo de una justicia que, más que ciega, parece mirar hacia donde conviene políticamente.
En este contexto, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿cuándo veremos que la ley alcance también a quienes hoy gozan de poder y protección?.
Al tiempo.
