Chihuahua, Chih.— El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por lo que consideró una falta de pronunciamiento ante los señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones del crimen organizado.
El alcalde también acusó a Morena de mantener supuestos acuerdos con grupos criminales en distintas regiones del país y mencionó el caso de Baja California, tras los señalamientos realizados en Estados Unidos contra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
“Qué tristeza que hoy también los magistrados de la Suprema Corte actúen por consigna y que no den un golpe a la mesa y señalen con claridad que no se vale”, expresó Bonilla al referirse a la actuación del máximo tribunal del país.
Relaciona señalamientos con violencia y desapariciones
Durante sus declaraciones, el edil sostuvo que las acusaciones sobre posibles nexos entre funcionarios y grupos delictivos deben ser atendidas, al considerar que esta problemática está relacionada con fenómenos como los homicidios, las desapariciones y el desplazamiento forzado de personas.
En ese contexto, hizo referencia a las familias que buscan a personas desaparecidas y a quienes se han visto obligados a abandonar sus comunidades por situaciones de violencia.
“Es lamentable porque justamente los desplazados, las madres de los hijos de personas desaparecidas, pues se generan justamente gracias a estos narcopactos”, manifestó.
Bonilla también mencionó la situación política de Sinaloa y al gobernador Rubén Rocha Moya, además de referirse a otros funcionarios y a la denominada Operación Zafiro.
Sus declaraciones se producen en medio de la discusión pública sobre los presuntos vínculos entre figuras políticas y organizaciones criminales. No obstante, los señalamientos mencionados por el alcalde deben distinguirse de hechos acreditados mediante resoluciones judiciales.
El posicionamiento de Bonilla se suma a las críticas entre actores políticos de distintos partidos en torno a la actuación de las instituciones y la presunta relación de funcionarios con grupos delictivos.
