Libre en Chihuahua, preso en el Altiplano: lo que explica la Constitución_
Por: Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez · Abogado penalista.
Cuando detienen a un personaje político, mucha gente da por hecho que el juez lo dejará en la cárcel pase lo que pase.
Con el exfiscal César Jáuregui ocurrió lo contrario en la causa de Chihuahua, y eso generó dudas: ¿lo dejaron salir por favoritismo?, ¿se equivocó el juez?, ¿por qué entonces la Federación sí lo tiene preso? Las respuestas están en la Constitución, no en las simpatías de nadie.
Hay dos casos, no uno. La Fiscalía del Estado lo acusa de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos: en palabras llanas, haber actuado fuera de sus facultades en el operativo de El Pinal junto con otro funcionario. Son delitos con penas de uno a siete años.
La Fiscalía General de la República lo acusa de algo muy distinto: traición a la patria, con pena de cinco a cuarenta años. Cada caso lo decide un juez diferente, con reglas diferentes.
¿Por qué el juez de Chihuahua no lo dejó preso? Porque consideró que la prisión preventiva no estaba justificada, y al resolverlo así cumplió con la Constitución.
El artículo 19 tiene una lista de delitos por los que la prisión durante el proceso es automática; los que le imputa el Estado no están en ella. Fuera de esa lista, se enfrenta el proceso en libertad, salvo que la fiscalía demuestre un riesgo real de fuga o de estorbar la investigación.
La Fiscalía estatal lo intentó: dijo que tiene contactos en el extranjero, que conoce gente dentro de la institución y que tiene dinero. El juez revisó los argumentos uno por uno y consideró que no bastaban: tener dinero no convierte a nadie en prófugo (eso sería discriminar por condición económica) y la gravedad de la acusación es tema del juicio, no una razón para encarcelar antes.
No resolvió por el peso del personaje, sino con la regla que la Constitución fija para cualquier acusado. Le impuso condiciones: entregar pasaporte y visa, no salir del estado ni del país, firmar cada mes y no acercarse a los testigos. No lo «soltó»: lo dejó en libertad vigilada mientras se decide si hay base para juzgarlo. Y si la Fiscalía cree que se equivocó, puede apelar.
¿Y por qué la Federación sí lo tiene en el Altiplano? Porque traición a la patria sí está en la lista del artículo 19. Si la jueza federal considera que hay base para procesarlo por ese delito, la prisión es automática; ni siquiera se discute el riesgo de fuga. Por eso el mismo hombre puede estar libre en un caso y preso en el otro sin que ningún juez haya actuado mal: son delitos distintos con reglas distintas. Otra cosa es si los hechos encajan realmente en «traición a la patria»; eso lo resolverá la jueza federal y es el verdadero fondo del asunto.
Lo demás que pasó en Chihuahua también tiene explicación sencilla. La audiencia del sábado se pospuso al domingo porque la Fiscalía entregó el expediente (ocho tomos y memorias) justo al empezar; la Constitución le da al acusado el derecho a conocer de qué se le acusa antes de responder, y la propia Fiscalía aceptó esperar. Esa noche Jáuregui siguió detenido.
El domingo la Fiscalía pidió audiencia a puerta cerrada por «seguridad nacional»; el juez no vio razón y la mantuvo pública, y la prensa escuchó las diez horas de acusación.
También dejó fuera dos declaraciones: la de Guillermo Zuany, tomada como testigo cuando hoy es acusado en el mismo caso y, según su defensa, sin abogado (la Constitución no da valor a lo que alguien confiesa sin defensor), y la de un testigo protegido que la Fiscalía quiso usar sin avisar a la defensa, algo que puede corregirse. Nada de esto tumbó la acusación; sólo quitó lo que no podía usarse así.
En cada punto el juez fue cuidadoso con lo que la Constitución manda, sin darle todo a la defensa ni todo a la Fiscalía.
¿Qué sigue? El jueves 22 el juez de Chihuahua decidirá si hay base para procesar a Jáuregui por los delitos estatales, incluso por videoconferencia desde el penal federal. La jueza federal decidirá en días si lo procesa por traición a la patria; de eso depende que siga preso.
Lo que se vio en Chihuahua fue un juez objetivo y muy cuidadoso de cumplir la Constitución ( no es un caso sencillo, estará monitoreado a nivel nacional): el juzgador consideró que la prisión preventiva no estaba justificada y aplicó la regla que vale para cualquier persona acusada de esos delitos, conocida o no.
Que Jáuregui esté hoy en una celda no corrige a ese juez; es otro caso, con otro delito y con la prisión automática que la Constitución ordena para él. El temor de que a un político se le deje preso por sistema no se cumplió aquí, y no por simpatía: la Constitución exige justificar la prisión preventiva y en esta causa no se justificó.
LO QUE FALTA POR DECIDIR EN ESTE ASUNTO SE DEBE MEDIR CON LA MISMA VARA, PARA AMBOS JUECES, UNO LOCAL Y UNO FEDERAL.
