Estados Unidos investiga a dos gobernadores más de México por presuntamente tener vínculos con cárteles.
Según ‘Los Angeles Times’, esta medida refleja un giro drástico por parte de Estados Unidos, que ahora se centra en atacar a los líderes mexicanos electos, y no solo a los cárteles.
Esto se suma a los 9 funcionarios acusados, de los cuales se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a políticos en su lucha contra el narcotráfico y se centró en investigar y combatir a los líderes de los cárteles.
Pero a medida que muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido asesinados, arrestados o se han entregado, Washington redirigió su atención al enjuiciamiento de líderes electos «sospechosos» de estar involucrados en el crimen organizado.
La relación entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de tensión luego de que se diera a conocer que autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con organizaciones criminales, en el marco de una estrategia que amplía el escrutinio sobre funcionarios mexicanos en activo.
Esta medida contra funcionarios en el cargo amenaza con socavar al partido gobernante de México —que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción— y con tensar aún más las ya tensas relaciones entre ambos países.
Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a políticos en el cargo en su lucha contra el narcotráfico, prefiriendo centrarse en los líderes de los cárteles. Pero a medida que muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido asesinados, arrestados o se han entregado, Washington ha centrado su atención en procesar a líderes electos y agentes de las fuerzas del orden sospechosos de estar involucrados en el crimen organizado, refiere el artículo periodístico y que se trata de otra bomba contra el gobierno de México, donde la titular del Poder Ejecutivo Claudia Sheinbaum se ha convertido abiertamente en protectora de presuntos narcopolíticos alineados al régimen.
En el caso de Durazo y Villareal se refiere que han sido canceladas sus visas.
