La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al Gobierno Federal cuyo efecto es que éste no revele hasta por dos años, el contenido de los contratos de adquisición de las vacunas contra COVID-19.
Lo anterior va en contra de todo principio de transparencia que tanto han pregonado los ministros en los últimos tiempos.
Dicha suspensión tiene efectos por tiempo indefinido y cesarán hasta que el tribunal constitucional resuelva un recurso de revisión promovido por el Ejecutivo Federal, quien considera la citada información de seguridad nacional.
En un acuerdo publicado este martes, la SCJN notificó la aceptación a trámite de dicho recurso, radicado en el expediente 2/2021, contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
Registros oficiales revelan que el 19 y 27 de mayo pasado el INAI ordenó a la Secretaría de Salud federal entregar la versión pública de los contratos, convenios o cualquier documento ligado al uso de recursos públicos para la compra de vacunas contra el SARS-Cov-2.
De hecho, el INAI dio un plazo de 10 días hábiles al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, para la entrega de dicha información, plazo que habría concluido hace ya algunos días.
Según los registros, un particular pidió la documentación de 2020 y 2021 ligada a la compra de vacunas Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Serum y Sinovac, empresas que el gobierno anunció públicamente.
Se desconoce el costo que ha pagado el gobierno de México a las empresas farmacéuticas internacionales por la adquisición de millones de vacunas.
