El abogado Gabriel Manjarrez advirtió que el reciente desmantelamiento de un complejo de producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua, no debe verse como un hecho aislado de la nota roja, sino como un reflejo del nivel de sofisticación que ha alcanzado la delincuencia organizada en el país.
“Estamos frente a una unidad de producción con características industriales, de una empresa narco transnacional no ante un escondite improvisado”, señaló el jurista, quien estimó que el costo de instalación de una infraestructura de este tipo ronda entre 6 y 8 millones de pesos, solo en equipo y materiales.
De acuerdo con su análisis, el laboratorio descubierto en la sierra contaba con al menos 15 hornos industriales, cuyo valor individual en el mercado especializado oscila entre 3 y 4.5 millones de pesos, además de una red de suministro con 200 cilindros de gas y contenedores de mil litros, cuya adquisición y adaptación técnica representa un gasto adicional de más de 1 millón de pesos.
Manjarrez subrayó que el verdadero desafío está en la logística: trasladar toneladas de acero, maquinaria pesada y químicos a una zona ubicada a nueve horas de la capital implica una operación de transporte y personal especializado que fácilmente suma otros 2 millones de pesos. “Solo la infraestructura fija representa una inversión que el crimen organizado está dispuesto a enterrar bajo los pinos para garantizar su producción”, puntualizó.
El abogado explicó que el costo operativo por cada ciclo de producción puede alcanzar entre 15 y 25 millones de pesos, considerando el valor de los precursores químicos y el riesgo de traslado. “Si con una inversión inicial de 8 millones se generan miles de millones de pesos en drogas al año, podemos imaginar cuántas más fábricas existen en la sierra”, advirtió.
Desde su perspectiva, el hallazgo obliga a replantear la estrategia institucional. “La justicia no puede limitarse a destruir los hornos; debe enfocarse en desarticular las redes financieras y de suministro que permiten que estas organizaciones absorban pérdidas millonarias sin pestañear”, sostuvo.
Manjarrez concluyó que la paz en Chihuahua dependerá de una respuesta que combine inteligencia financiera y rigor técnico, capaz de convertir cada operativo en una desarticulación económica real, y no solo en una interrupción temporal dentro de la cadena de producción criminal.
