En su reciente libro, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, ofrece una mirada cruda y detallada a los pasillos del poder durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
A través de una crónica y autocrítica, el libro “Ni venganza ni perdón”, Scherer Ibarra revela episodios que marcaron el rumbo de instituciones clave y proyectos emblemáticos de la autodenominada Cuarta Transformación, pero sobre todo «encuera» los actos de corrupción en el circulo más alto presidencial.
De acuerdo con el Capítulo 14, la designación de Alejandro Gertz Manero como fiscal no fue un plan trazado con antelación, sino una resolución de última hora motivada por un descuido administrativo.
Scherer relata que, la noche previa a la toma de posesión, advirtió que no se había nombrado a nadie para encabezar la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República (FGR). Ante la urgencia, Scherer y Alfonso Durazo propusieron a Gertz, quien en ese momento se perfilaba para una subsecretaría de Seguridad.
“Le hablé a Durazo, platicamos un rato y le propusimos al presidente que fuera Alejandro Gertz Manero. La verdad, un nombramiento del que la sola propuesta de verdad me avergüenza, pero el presidente aceptó“.
En el apartado titulado “Los sospechosos comunes”, Scherer documenta lo que califica como un desdén por las normativas ambientales en la construcción de la Refinería de Dos Bocas.
Según el texto, Adán Augusto López y Rocío Nahle habrían impulsado la limpieza de terrenos protegidos sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
“Decidieron meter a una constructora para tirar todo el manglar sin obtener la MIA, el permiso de impacto ambiental… era un problema grave porque rompe el equilibrio de la naturaleza».
El autor añade que, posteriormente, se impulsaron reformas legales en Tabasco para evitar que proyectos con recursos federales pasaran por una licitación pública, permitiendo asignaciones directas.
Una de las secciones más polémicas del libro vincula al exvocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, con investigaciones en el extranjero.
Scherer menciona que mientras en México existe silencio oficial, en cortes de Nueva York y Texas el nombre del funcionario aparece en expedientes relacionados con lavado de dinero y financiamiento electoral.
El texto vincula a Ramírez con el empresario Sergio Carmona y advierte que, aunque no hay procesos formales en su contra, las pesquisas en Estados Unidos mantienen el nombre del vocero en documentos anexos a casos de corrupción.
Sobre la compensación vitalicia el texto describe cómo Jesús Ramírez Cuevas instrumentalizó un decreto presidencial de agosto de 2022, originalmente destinado a la “justicia social” para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, manipulándolo para beneficiar a un grupo específico de disidentes sindicales liderados por Rosendo Flores.
A través de una maniobra legal irregular, la publicación de una «fe de erratas» cuatro días después del decreto original, Ramírez logró modificar los requisitos para incluir a personas que ya habían sido liquidadas legalmente, generando un pasivo multimillonario al erario sin el debido respaldo presupuestal, con el objetivo de consolidar una base clientelar para fines políticos y electorales
“Esta maniobra, resultado directo de las presiones de Ramírez, forzó la creación de un programa improvisado, con justificación jurídica deficiente y sin recursos presupuestales asignados.”
Scherer dedica varias páginas a la gestión de Manuel Bartlett en la CFE, destacando dos momentos críticos.
Relata cómo Bartlett se negó a permitir que una empresa privada terminara la planta de Chicoasén, bajo el argumento de que los particulares eran una amenaza a la seguridad nacional. Esta decisión, según Scherer, resultó en una pérdida de 300 millones de dólares tras un arbitraje.
“Bartlett ignoraba lo que se tenía que hacer. México no avanzó en términos de nueva generación… y todo por elegir a una persona que desconocía el sector».
El libro vincula la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Función Pública con su insistencia en investigar la venta de ventiladores a sobreprecio por parte del hijo de Bartlett durante la crisis de COVID-19.
Con información de Político.mx
