Por: Gabriel Vidaña Manjarrez/colaboración para HBMNoticias.com
Una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 8 de abril de 2026 ha generado un reacomodo jurídico en todo el país y un impacto inmediato en los sistemas penales estatales, particularmente en Chihuahua.
El Pleno del máximo tribunal determinó que el delito de peculado, incluso en su modalidad agravada, no puede ser considerado imprescriptible, abriendo la puerta a que servidores públicos investigados por malversación o desvío de recursos puedan invocar la prescripción para evitar ser perseguidos penalmente.
La decisión fue aprobada por seis votos contra tres, al resolver el Amparo en Revisión 422/2025, derivado de un caso originado en Colima, bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía.
De acuerdo con el criterio de la Corte, la imprescriptibilidad es una figura jurídica excepcionalísima, reservada por el Derecho Internacional únicamente para crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto, como el genocidio o los crímenes de guerra.
El desvío de recursos públicos —señaló el tribunal— no puede equipararse a delitos de lesa humanidad.
La resolución también subraya que el Estado cuenta con amplias facultades de investigación y persecución penal, por lo que no puede mantener procesos abiertos de manera indefinida. Permitirlo, advirtió la Corte, convertiría al derecho penal en una herramienta susceptible de uso político prolongado.
En el caso de Chihuahua, el Artículo 105 del Código Penal establece que el peculado previsto en la fracción II del artículo 270 —relacionado con el uso indebido de recursos públicos para promoción de imagen política o denigración de terceros— es imprescriptible.
Con el nuevo precedente, esta disposición queda en una situación jurídica frágil:
Aunque el artículo permanezca vigente, cualquier imputado podrá promover un amparo indirecto citando el criterio de la SCJN. Los jueces federales estarán obligados a reconocer que el delito sí prescribe.
Es decir, causas penales iniciadas por hechos ocurridos hace más de ocho años podrían ser sobreseídas de inmediato, al acreditarse la prescripción.
Al eliminarse la imprescriptibilidad, aplican las reglas generales del Código Penal estatal:
Peculado grave (más de 500 UMAs): Pena de 4 a 12 años de prisión.
Prescribe en 8 años.
Peculado menor (menos de 500 UMAs):
Prescribe en 3 años.
La resolución, según especialistas consultados en distintos estados, no implica una invitación a la impunidad, sino un llamado a que las fiscalías investiguen con mayor eficiencia y sin dilaciones, algo que difícilmente ocurre en nuestro país.
La determinación de la Corte también impacta a otros delitos patrimoniales cometidos contra el Estado, que en algunos códigos locales habían sido catalogados como imprescriptibles por su naturaleza vinculada a la corrupción:
– Tráfico de influencias (Art. 265).
– Cohecho (Art. 269).
– Concusión (Art. 271).
– Enriquecimiento ilícito (Art. 272).
– Extorsión, por no alcanzar la categoría de crimen de lesa humanidad.
Con este precedente, la SCJN envía una señal clara: el uso político de expedientes penales prolongados y la figura de la “justicia eterna” quedan fuera del marco constitucional.
Las fiscalías deberán judicializar en tiempo, sin recurrir a la imprescriptibilidad como herramienta para mantener abiertas investigaciones por periodos indefinidos.
