Sigue la polémica por la destrucción de represas por parte de Conagua en el rancho El Saucito, en Balleza Chihuahua propiedad del exgobernador César Duarte.
«El Gobierno de México ha fijado como una de sus prioridades garantizar el derecho humano al agua de todas las personas, por lo que se han adoptado diversas medidas para lograr una distribución más justa y equitativa del recurso hídrico en beneficio de la población», dice un comunicado difundido este día.
Las acciones llevadas a cabo en el rancho El Saucito, ubicado en Chihuahua, forman parte de esas medidas y se encuentran legalmente justificadas, ya que se ordenaron mediante resolución administrativa que quedó firme, al haberse acreditado plenamente el uso y aprovechamiento de aguas nacionales al margen de la ley y en perjuicio de la población.
El Estado Mexicano tiene la obligación de impedir que particulares limiten o afecten el disfrute del derecho al agua a otras personas, por lo que la demolición de las presas, así como la clausura de los aprovechamientos de agua en El Saucito se dieron en estricto apego a la ley y su único objetivo es garantizar el orden público e interés general.
Es necesario señalar que los pronunciamientos esgrimidos ayer por César Duarte Jaquéz no son novedosos. Estos ya fueron objeto de pronunciamiento judicial en dos ocasiones. Contrario a lo señalado, todas las actuaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fueron analizadas y validadas, primero, en un juicio de nulidad conocido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, posteriormente, en un juicio de amparo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito.
Los argumentos expuestos ayer, relacionados con un pozo de libre alumbramiento, un permiso obtenido hace años por un ascendiente del infractor y la antigüedad de las obras, se habían hecho valer previamente en las instancias judiciales y todos se desestimaron, sea porque resultaron infundados o ineficaces.
Particularmente, el señalamiento de que represas son construcciones con años de antigüedad es irrelevante. Debe haber claridad en que el asunto de fondo no es la temporalidad de las construcciones, sino la ilegalidad del lugar en el que fueron realizadas, específicamente en vasos, cauces, canales, zonas federales y zonas de protección en las que, necesariamente, se requieren títulos de concesión y permisos, al tratarse de aguas y zonas federales.
En suma, al día de hoy, las acciones realizadas por la Conagua en el Saucito se han hecho con estricto apego a derecho y con los avales del Poder Judicial. Los tribunales han confirmado que tanto las obras como los aprovechamientos a través de éstas son ilegales. Incluso, declararon improcedente suspender la demolición.
La Comisión reitera que este es un acto de justicia y de protección del agua como bien nacional, realizado velando por su uso responsable, equitativo y en beneficio de toda la población, por encima de intereses particulares, y con estricto apego a derecho.
La Conagua refrenda su compromiso de gestionar de manera responsable los recursos hídricos en beneficio del pueblo de México. Bajo ninguna circunstancia supeditará su actuación a intereses particulares ni permitirá que las conductas infractoras de la ley de aguas nacionales queden impunes.
Nadie puede estar por encimar encima de la ley, finalizó el boletín de prensa.
