El abogado Gabriel Vidaña emitió una serie de cuestionamientos, en relación a la determinación de un Juez de Control Penal Federal de limitar el acceso a representantes de los medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua, a la audiencia en donde hoy el ex alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz condenado a ocho años de prisión por su involucramiento en el crimen de la periodista Miroslava Breach, pide el beneficio de libertad condicionada.
Textualmente el litigante señaló:
La decisión de un juez federal de limitar el acceso de la prensa a la audiencia del exalcalde Hugo Amed Schultz, sentenciado por su participación en el asesinato de Miroslava Breach, vulnera principios fundamentales del sistema penal acusatorio.
La mañana de este martes, mientras se celebraba en el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua una audiencia clave para definir si se otorgaría la libertad condicionada al exalcalde Hugo Amed Schultz, solo cuatro representantes de medios de comunicación fueron autorizados a ingresar al recinto. El resto, pese al interés público evidente del caso, fue retirado del lugar por elementos de seguridad.
Esta decisión, adoptada por el juez federal que encabezó la audiencia, constituye un acto preocupante de opacidad judicial y representa una regresión en el respeto al principio de publicidad que rige los juicios penales en México.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales son claros: las audiencias judiciales deben ser públicas, salvo en casos excepcionales donde esté en riesgo la seguridad de las partes o se protejan derechos específicos. En este caso, no se informó de ningún riesgo concreto ni se emitió resolución fundada que justificara la exclusión masiva de la prensa.
Más allá del aspecto legal, la audiencia tenía un interés público excepcional. Hugo Amed Schultz es el primer político sentenciado por su participación en el asesinato de una periodista en México: Miroslava Breach Velducea. Su liberación anticipada, tras apenas cumplir la mitad de su condena, no puede analizarse a puerta cerrada o con acceso restringido.
La sociedad tiene derecho a observar cómo se imparte justicia en delitos que atentan contra la libertad de expresión y contra la memoria de quienes dieron su vida por denunciar la corrupción y la narcopolítica.
La restricción impuesta fue además arbitraria y sin sustento normativo: fijar un “límite de cuatro reporteros” no está previsto en ninguna ley. El Poder Judicial de la Federación debe garantizar condiciones de acceso a los medios, ya sea mediante espacios adecuados, transmisiones remotas o mecanismos logísticos que privilegien la transparencia sin poner en riesgo la integridad de los participantes.
Negar el acceso a la prensa en casos como este, es una forma de violencia institucional contra la verdad. La transparencia en la impartición de justicia no es una cortesía: es un deber del Estado y un derecho de todos.
La ciudadanía merece saber qué argumentos se presentan, qué decisiones se toman y bajo qué criterios se analiza la posible excarcelación de un actor político vinculado a un crimen que marcó un antes y un después en la historia del periodismo en México.
Hoy más que nunca, frente al riesgo de impunidad y al silencio cómplice de algunas estructuras de poder, la sociedad tiene que exigir una justicia abierta, vigilada y legítima. Porque la memoria de Miroslava —y de tantas otras voces silenciadas— exige verdad, transparencia y justicia plena, finalizó Vidaña.
