Un recurso de queja en contra del juzgado Décimo de Distrito promovió Brígido Torres Palacios, apoderado legal de José Pedro López Elías y de la persona moral «López Elías Finanzas Públicas, Sociedad Civil».
Lo anterior debido a que el juzgado de Distrito no le concedió mayores alcances a la suspensión provisional, dentro del juicio de amparo 2098/2024.
Este despacho esta sujeto a una investigación penal en Chihuahua por haber cobrado en el gobierno de Javier Corral, la cantidad de 98.6 millones de pesos, en un contrato donde se simuló la reestructuración de la deuda pública estatal.
Como antecedente se tiene que bajo el número de expediente 2098/2024, el juez federal admitió el amparo contra alguna posible órden de aprehensión girada por jueces de control del Distrito Judicial Morelos.
Empero no le concedió mayores alcances a la suspensión provisional, situación que fue impugnada por la empresa moral a través de escrito el pasado 3 de octubre de 2024, y cuyo documento tuvo acceso HBMNoticias.com.
El recurso de queja establece que «Hágase conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito de turno con sede en esta ciudad (Chihuahua)…».
Según archivos periodísticos, la orden de aprehensión que la Fiscalía Anticorrupción intentó ejecutar al hoy senador morenista Javier Corral en la Ciudad de México derivó de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras la revisión forense al estado de la deuda pública estatal, hacia el final de la gestión 2016-2021.
En la auditoría practicada se detectaron diversas irregularidades, entre ellas que no había evidencia del trabajo supuestamente realizado por el despacho contratado para apoyar en la reestructura de los pasivos, denominado «López Elías Finanzas Públicas S.C».
La única evidencia de supuesto apoyo a los trabajos de refinanciamiento estaba fechada antes de la firma del contrato; sin embargo, de acuerdo con la denuncia, éste también fue irregular porque el despacho no estaba en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y no emitieron el correspondiente acuerdo de suficiencia presupuestal que debe hacerse ante cualquier erogación de recursos públicos.
Además, la auditoría encontró que la Ley de Adquisiciones del Estado había sido burlada por la Secretaría de Hacienda (liderada en ese entonces por el prófugo de la Justicia Arturo Fuentes Vélez), dado que fue constituido un fideicomiso expresamente prohibido en la norma, para evitar ciertas disposiciones legales orientadas a manejar de forma discrecional los recursos públicos.
En la más reciente entrevista que hizo el ex gobernador Javier Corral al Canal 28, negó tales acusaciones, lo cual se contradice en todas las pruebas localizadas y documentadas.
