Fuentes de primer nivel del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, informaron para HBMNoticias.com, que ayer jueves se realizó una reunión en el noveno piso del Centro de Justicia en donde estuvieron presentes decenas de jueces y magistrados de las distintas ramas Penal, Civil, Familiar, Mercantil, Contensioso y Adolescentes Infractores.
La propuesta que les fue realizada por parte de la presidencia del TSJ, en voz del magistrado Gabriel Sepúlveda y el secretario general del tribunal Francisco Javier Fierro, es que ante la aplanadora del Congreso de la Unión con mayoría de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México; quienes comenzaron con la aprobación en la Cámara Baja de la llamada reforma al Poder Judicial, que desaparecería literalmente dicho Poder para poner uno más a modo al gobierno de izquierda, pero dejaría en la indefensión laboral en las entidades federativas a miles de juzgadores y funcionarios judiciales, es necesario contratar los servicios de «Abogados Especialistas en Derechos Humanos IHR Legal International».
El propósito es que dicho despacho interponga una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», por las violaciones graves a la independencia del Poder Judicial, y contra el Estado Mexicano a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Para ello se les pidió a los jueces y magistrados que cada uno deberá poner cantidades por encima de los 15 mil pesos de su sueldo, para hacer tal contratación a la brevedad-
El recurso de demanda tendrían que presentarlo, una vez que la aplanadora de los partidos socialistas, aprueben en el Senado la reforma presidencial, y este pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En redes sociales circulan audios de dicha reunión entre jueces y magistrados de Chihuahua.
Lo anterior ha generado algunos comentarios negativos en barras y colegios de abogados locales como.
1. Impacto Económico Desproporcionado sobre los Jueces
Pedirle a cada juez que pague de su bolsillo una suma cercana a su salario mensual genera una carga económica inaceptable. No es razonable esperar que un funcionario público absorba un gasto tan significativo, particularmente cuando el ingreso de un juez, aunque superior al promedio nacional, no es suficiente para cubrir gastos personales y profesionales de esta magnitud sin generar un fuerte conflicto financiero.
Además, no se debe perder de vista que este no es el costo final: IHR Legal podría cobrar por horas de servicio, lo que implicaría una deuda que seguiría incrementándose a lo largo del litigio. Este esquema de pagos no solo afecta directamente la estabilidad económica de los jueces, sino que los coloca en una situación de incertidumbre financiera.
2. Conflicto de Intereses y Presión Injusta
El hecho de que un juez tenga que financiar un litigio que debería ser de interés y responsabilidad institucional genera un conflicto ético profundo. Este tipo de presión económica sobre los jueces puede influir en su imparcialidad, su independencia, e incluso en su disposición para enfrentar la reforma judicial. No se trata solo de un litigio más, sino de la protección de los derechos de los propios jueces, lo que agrava la cuestión: ¿por qué se les está pidiendo que financien, de su propio bolsillo, la defensa de derechos que deben ser garantizados por el Estado? Esto distorsiona el rol del juez y mina la confianza en el sistema judicial.
3. Crisis de Prioridades del Poder Judicial
Es preocupante que el Poder Judicial, en lugar de destinar recursos institucionales a defender los derechos de sus jueces de manera colectiva y transparente, decida privatizar esta defensa acudiendo a un despacho internacional y descargando el costo directamente sobre sus juzgadores. Esto refleja una falta de organización y planificación financiera, y abre la puerta a la pregunta de por qué no se están destinando los recursos públicos adecuados para la defensa legal interna.
4. Desigualdad y Desconexión con la Realidad Social
Mientras el Poder Judicial demanda sumas considerables de sus jueces, el resto del país enfrenta una realidad económica crítica, con altos niveles de desigualdad y falta de acceso a servicios básicos. Exigirle a los jueces, que ya enfrentan altos niveles de estrés y carga laboral, que asuman un gasto tan desproporcionado en un contexto de inestabilidad económica nacional muestra una desconexión profunda con la realidad que viven los ciudadanos que dependen de ese mismo sistema judicial. Además, le resta legitimidad al Poder Judicial cuando trata de posicionarse como una entidad preocupada por los derechos y la justicia.
5. El Futuro de la Independencia Judicial
La posibilidad de que un juez tenga que endeudarse para poder pagar los servicios de un despacho internacional como IHR Legal, que además cobra por hora, pone en riesgo la independencia del poder judicial. No solo genera una carga financiera significativa, sino que abre la puerta a la intervención de intereses privados en cuestiones que deben ser de orden público. Esto podría debilitar la confianza en el sistema judicial como una institución imparcial y ajena a presiones económicas externas.
La estrategia del Poder Judicial de Chihuahua representa un peligro para la estabilidad económica de los jueces, socava la independencia judicial, y muestra una profunda desconexión con las prioridades institucionales y la realidad social. La defensa de los derechos de los jueces debería ser un esfuerzo colectivo y público, no un gasto personal que pone en riesgo su bienestar financiero y su capacidad para impartir justicia de manera imparcial.
Y aquí viene lo más preocupante: esta estrategia parece beneficiar principalmente a magistrados sin carrera judicial, quienes son los más vulnerables ante la reforma y quienes podrían estar impulsando este litigio para proteger sus posiciones. Estos magistrados, que a menudo no han pasado por los procesos meritocráticos necesarios, son los que más riesgo corren con la reforma, pero también son los que con frecuencia propician la persecución de jueces de carrera.
Este litigio parece, en última instancia, estar diseñado para proteger a aquellos que han ascendido sin los méritos correspondientes, mientras que los jueces de carrera son los que pagan el precio, tanto literal como figurativamente, ya que se les excluye de oportunidades de crecimiento y promoción, refieren algunos despachos locales.
