La senadora por Morena, Andrea Chávez Treviño, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para acompañar la exigencia social de justicia ante el asesinato del menor Jasiel Giovanny “N”, exhortando a las autoridades judiciales del estado de Chihuahua a trasladar a un penal varonil al presunto infanticida, que hoy se encuentra recluido en un centro penitenciario femenil.
La legisladora Andrea Chávez afirmó que: “Más allá del género femenino al nacer, el imputado Abraham Alejandro “N” realizó desde hace años un proceso de transición de género, por lo que es, tanto legal como socialmente, una persona del género masculino, y en coherencia con su decisión e identidad, debe ser trasladado a un penal varonil”.
De igual forma, calificó el homicidio del menor como uno de los casos más estremecedores que ha enfrentado la sociedad en su estado, pues según lo difundido por diversos medios, el pasado 2 de julio, Jasiel Giovanny, de ocho años, fue sustraído de su domicilio por su padrastro, Abraham Alejandro “N”, quien presuntamente lo agredió violentamente provocándole lesiones mortales.
En este sentido, la senadora consideró jurídicamente inaceptable que el juez de control haya determinado el ingreso del presunto infanticida a un Centro de Reinserción Social femenil, una decisión especialmente delicada, debido a que en ese penal conviven mujeres que ejercen su maternidad en reclusión, muchas de ellas con sus hijas e hijos menores de tres años, situación regulada por el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“El ingreso de una persona vinculada a proceso por delitos tan graves como infanticidio y violación a un espacio donde habitan niños, aún cuando sea en un contexto de reclusión, no solo contraviene el principio de interés superior de la niñez, sino que puede constituir una omisión institucional grave”, advirtió.
Esta proposición es paralela a la presentada por la diputada federal Greycy Durán, del Partido del Trabajo, en la que se solicita también el traslado urgente del imputado a un centro penitenciario varonil, en consecuencia con la identidad legal y personal reconocida y asumida.
“Las decisiones judiciales deben tener como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos y el principio pro persona, pero también deben garantizar condiciones seguras y justas para todos los involucrados, especialmente cuando hay niñas y niños en entornos penitenciarios”, finalizó Andrea Chávez a través de un comunicado de prensa.
