Por Bernardo Hernández / HBMNoticias.com
Mientras avanzan las revisiones de las cuentas públicas correspondientes a 2025, la Auditoría Superior del Estado puso el foco en los desafíos estructurales que enfrentan los municipios para cumplir con sus obligaciones en materia de control interno y rendición de cuentas.
El titular del órgano fiscalizador, Héctor Acosta Félix, informó que ya se encuentran en marcha las primeras auditorías municipales, con al menos cinco proyectos de informes preliminares concluidos. Estos corresponden principalmente a ayuntamientos con menor manejo presupuestal, mientras que las revisiones más complejas se programarán en etapas posteriores.
El plan contempla abarcar la totalidad de los 87 municipios del estado, en un proceso que también incluye auditorías abiertas a dependencias estatales y organismos descentralizados, los cuales —según el funcionario— han respondido en tiempo a los requerimientos de información.
Sin embargo, más allá del avance técnico, Acosta Félix advirtió que uno de los principales obstáculos para fortalecer la rendición de cuentas sigue siendo la debilidad de los órganos internos de control en los municipios. Explicó que, en muchos casos, estas instancias operan con estructuras incompletas, sin cubrir funciones clave como la investigación, sustanciación y sanción de faltas administrativas.
Esta situación, señaló, limita la capacidad de los gobiernos locales para procesar irregularidades y cumplir plenamente con las disposiciones legales en materia de fiscalización.
El auditor atribuyó estas deficiencias a restricciones presupuestales que enfrentan los municipios, un problema que —dijo— se replica a nivel nacional: mayores responsabilidades sin un incremento proporcional en recursos.
En un tema aparte, el auditor se refirió brevemente a la salida de César Jáuregui Moreno de la Fiscalía General del Estado, destacando que durante su gestión mantuvo una relación institucional enfocada en atender auditorías y dar seguimiento a observaciones.
No obstante, subrayó que su valoración se limita exclusivamente al ámbito técnico de la fiscalización, evitando emitir opiniones sobre otros aspectos de su desempeño público.
