De última hora y dos días antes de culminar la actual administración de Javier Corral Jurado, la Fiscalía Anticorrupción determinó que no existieron elementos que constituyan en un delito en el manejo de recursos del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer), ya que luego de hacer supuestamente una revisión de los pagos que realizó la dependencia durante el 2018, se expuso que fueron de acuerdo a sus facultades y con apego a las disposiciones legales.
Empero la Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró diversas irregularidades y dio vistas a la dependencia investigadora de los resultados de una auditoría practicada a la Ichmujer correspondiente al ejercicio del 2018 por un monto de 20.8 millones de pesos que se destinaron al pago de sueldos y otros servicios, por lo que la Fiscalía Anticorrupción realizó la revisión del caso, curiosamente sin que localizaran elementos que pudieran constituir un delito a dos días de que Javier Corral, defensor de Emma Saldaña dejará el Poder.
Según la sopresiva resolución de la Fiscalía Especializada, el insitituto, además de comprobar los gastos que realizó por los 20.8 millones de pesos en el pago de sueldos y servicios profesionales, como cursos, no incumplió con lo dispuesto para ejercicio de su presupuesto. Justificó que la Auditoría Superior haya dado vistas a la instancia investigadora, al detectar un ejercicio presumiblemente diferente para lo que se había asignado el recurso, pero desechó que existiera una irregularidad.
La investigación fue realizada por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, Nohemy Arellanes, quien firmó extrañamente el documento, el cual precisó que es impugnable pero buscando dar protección a Emma Saldaña quien se mantuvo en el sexenio de César Duarte y en el quinquenio de Javier Corral como titular del Ichmujer.
En el desglose de los hechos se explica de cuales cuentas fueron pagados los servicios profesionales, la gran mayoría para sueldos.
Durante ese año el Instituto Chihuahuense de la Mujer realizó la contratación masiva de personal para cumplir con las funciones en la atención que brinda a la población, según se puede leer en la determinación de la Fiscalía, pero otras versiones apuntan a que Emma Saldaña contrató a decenas de féminas pertenecientes al Movimiento Estatal de las Mujeres quienes se encargaron de impulsar la transversalidad de la ideología de género en practicamente todas las oficinas públicas estatales en un claro desvió de recursos y para favorecer al grupo ideológico que representa.
Son un total de 131 personas mujeres a las que no se les renovó el contrato con el próximo gobierno de Maru Campos, pero el gasto excesivo refiere de un desvío de recursos públicos millonario, incluso Emma Saldaña presentó días atrás su renuncia a la institución.
