El dirigente estatal del PRI en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez, manifestó su rotundo rechazo a la próxima iniciativa de reforma impulsada por Morena, la cual busca consolidar el control de la Guardia Nacional bajo un mando militar permanente. Domínguez advirtió que dicha propuesta representa una amenaza directa al equilibrio democrático, al respeto a los derechos humanos y a la eficacia de la seguridad pública en México.
De acuerdo con el legislador priista, la militarización de la seguridad pública no solo ha sido una estrategia fallida en términos de resultados, sino que también implica una preocupante erosión de los contrapesos constitucionales y de los mecanismos de transparencia.
“Esta reforma profundiza una estrategia que ha fracasado en reducir la violencia y que pone en manos del Ejército tareas que deben ser responsabilidad de instituciones civiles. No vamos a permitir que se debiliten los contrapesos constitucionales y se sacrifique la transparencia en nombre de una seguridad que no llega”, declaró el priista.
Entre los principales riesgos que el PRI ha identificado en esta reforma, destacan la consolidación de un modelo militar estructural e indefinido. Aunque la Guardia Nacional fue concebida como un cuerpo civil, actualmente el 88 % de sus más de 132,000 elementos provienen del Ejército, lo cual, con esta reforma, pasaría de ser un hecho de facto a una norma legal, integrando plenamente a la GN en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Otro punto crítico señalado por Domínguez es el fortalecimiento del fuero militar y el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas. Entre 2019 y 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 1,700 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional, sin que se hayan observado consecuencias judiciales efectivas. El traslado de los procesos disciplinarios al ámbito militar representa un obstáculo serio para la justicia.
Asimismo, el dirigente priista subrayó que la iniciativa elimina la obligación del Poder Ejecutivo de rendir informes periódicos al Congreso sobre el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, lo que significa una regresión en la fiscalización legislativa y abre la puerta a decisiones discrecionales sin control democrático.
Domínguez también recordó que, pese al despliegue masivo de fuerzas armadas, los índices de homicidios en el país continúan en niveles alarmantes, superando las 35,000 muertes anuales, lo que demuestra que la estrategia militar no ha tenido resultados contundentes en materia de seguridad.
Finalmente, advirtió que la reforma podría caer en una nueva inconstitucionalidad, dado que contradice los principios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sentencia previa de 2023, además de poner en entredicho compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos.
“El PRI de Chihuahua no va a ser cómplice de un retroceso histórico. Queremos una Guardia Nacional profesional, civil y eficiente, pero sobre todo, una seguridad pública que no esté basada en el miedo, la opacidad ni en el uso desproporcionado de la fuerza”, enfatizó el diputado.
Alejandro Domínguez reiteró desde el Congreso de la Unión y desde Chihuahua el compromiso del PRI con la legalidad, la democracia y la defensa plena de los derechos humanos, asegurando que su bancada continuará impulsando un modelo de seguridad pública verdaderamente civil, transparente y eficaz.
