Edición 055/2026
Buenos días Chihuahua, hoy es viernes 8 de Mayo de 2026.
México vive un momento que ya no admite eufemismos. La narcopolítica dejó de ser una sospecha, un rumor o una acusación aislada para convertirse en un fenómeno estructural que atraviesa peligrosamente al Estado mexicano de arriba abajo.
Las recientes imputaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya—un aliado político central del proyecto gobernante— no solo exhiben la profundidad del problema: revelan la forma en que los círculos de poder en México se protegen entre sí, incluso cuando la evidencia internacional apunta hacia una red de complicidades que rebasa fronteras, partidos y hasta sexenios.
La reacción del gobierno federal ante estas acusaciones ha sido reveladora. En lugar de abrir la puerta a la transparencia, a la cooperación institucional o a la rendición de cuentas, la respuesta ha sido cerrar filas, minimizar, descalificar y blindar políticamente a un personaje cuya cercanía con el poder presidencial es inocultable.
La presidenta Claudia Sheinbaum, siguiendo la línea de su antecesor López Obrador, ha optado por la defensa automática, por la narrativa del complot y por la protección a capa y espada de un gobernador que enfrenta señalamientos graves en cortes estadounidenses. No es un gesto aislado: es la confirmación de un patrón de conducta política de la izquierda que gobierna sin medida el país.
Resulta ya tristemente común que cuando un político es acusado de vínculos con el crimen organizado, la reacción del sistema no es investigar, sino proteger. No es esclarecer, sino encubrir. No es depurar, sino blindar. Y ese reflejo automático es el síntoma más claro de un Estado que ha normalizado la convivencia con estructuras criminales hasta convertirla en parte de su funcionamiento cotidiano.
La clase política mexicana actual opera bajo un principio tácito: «nadie toca a nadie» y cuando un miembro del círculo cercano al gobierno es señalado, el sistema entero se moviliza para evitar que caiga.
En este caso la protección no es un acto de lealtad personal, sino un mecanismo de supervivencia colectiva. Porque si cae uno, pueden caer todos, hasta abiertamente así lo dicen los señalados. Y ese miedo compartido es el cemento que mantiene unida a una élite que ha aprendido a sobrevivir a escándalos, filtraciones, investigaciones y crisis sin que nada cambie realmente, pese a la gravedad de las evidencias.
El caso del gobernador de Sinaloa Rocha Moya es solo el ejemplo más reciente y más visible. Pero detrás de él hay una larga lista de funcionarios, legisladores, alcaldes, mandos policiales y operadores políticos que han sido acusados —en México o en el extranjero— de colaborar, facilitar o proteger actividades criminales. La diferencia es que, en esta ocasión, la acusación proviene de un sistema judicial que no depende del cálculo político mexicano, que no responde a intereses partidistas y que no se detiene ante la investidura de un aliado presidencial.
Y eso explica la reacción defensiva del gobierno federal, la presidenta Sheinbaum utiliza el viejo monólogo de las pruebas para evadir las responsabilidades de su gobierno y partido, pero los ciudadanos mexicanos ¿qué piensan o harán al respecto?, ¿también guardaran silencio, callarán ante todos estos hechos?-.
La descomposición del sistema de justicia en México no es nueva, pero hoy es más evidente que nunca y el nivel de podredumbre es enorme junto al sistema político. Fiscales que no investigan, jueces que liberan a criminales por “errores de procedimiento”, policías infiltradas, ministerios públicos que fabrican culpables pero no tocan a los verdaderos responsables, políticos de Morena y de izquierda haciéndose millonarios con recursos públicos. La impunidad y por ende la corrupción rigen México.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que todo está bajo control, que las instituciones funcionan y que las acusaciones internacionales son exageraciones o ataques políticos. Pero la realidad contradice esa narrativa todos los días. Si el sistema de justicia mexicano funcionara, no tendría que ser Estados Unidos quien investigue, procese y acuse a funcionarios mexicanos por delitos cometidos en territorio nacional. Si el Estado mexicano fuera capaz de depurarse, no veríamos a gobernadores, alcaldes y legisladores convertidos en piezas clave de redes criminales que operan con absoluta tranquilidad.
La verdad es incómoda, pero innegable: México no ha podido —o no ha querido— romper el vínculo entre su clase política y el crimen organizado.
La narcopolítica no solo corrompe instituciones, corroe la confianza pública, distorsiona la competencia electoral, captura territorios completos y convierte a la ciudadanía en rehén de intereses que no puede controlar. Cuando un gobernador, un senador o un alcalde opera bajo la sombra del crimen organizado, la democracia deja de ser un mecanismo de representación y se convierte en un simulacro barato, la gente, el pueblo lo sabe pero calla pareciera a cambio de unas cuantas monedas de programas sociales.
Cuando el gobierno federal protege a esos actores como Rocha Moya, el senador Inzunza, Adán Augusto, Noroña, Corral, etcétera, el mensaje es devastador, porque la lealtad política vale más que la legalidad, es decir, la cercanía con el poder pesa más que la justicia.
México no puede aspirar a reconstruir su Estado de derecho mientras la élite gobernante siga actuando como un bloque de autoprotección. No habrá seguridad, no habrá justicia y no habrá democracia real mientras la política siga siendo el refugio de quienes deberían estar rindiendo cuentas ante la ley.
La pregunta es inevitable e importante: ¿qué debe hacer la sociedad frente a un sistema que se protege a sí mismo incluso cuando la evidencia apunta hacia vínculos criminales? La respuesta no es sencilla, pero sí urgente.
México necesita una ciudadanía que no normalice la corrupción, que no tolere la impunidad y que no acepte la narrativa oficial como verdad absoluta. Necesita instituciones que se atrevan a romper el pacto de silencio. Y necesita, sobre todo, un liderazgo político que entienda que proteger a los suyos no es gobernar: es traicionar al país.
La narcopolítica no se combate con discursos, sino con decisiones. Y hasta ahora, el gobierno federal ha elegido proteger a los suyos, incluso cuando el costo para México es enorme.
El país está ante un espejo roto. Y la pregunta es si tendremos la voluntad —como sociedad y como Estado— de enfrentarnos a ella.
Usted que opina estimado lector.
