La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua comunicó a la sociedad, que ayer 9 de enero del 2026, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del decimoséptimo circuito en Chihuahua, resolvió en favor del Juez Penal Federal el conflicto competencial 20/2025.
Al respecto, esta Representación Social fija una enérgica postura en la cual se sostiene que:
1. Los recursos involucrados en esta investigación (contra el ex gobernador Javier Corral) donde existe disposición, distracción y desviación de recursos públicos, que asciende a 98.6 millones de pesos, son totalmente Estatales.
2. El ejercicio de la acción penal que llevo a cabo la FACH, en virtud de la denuncia presentada por la ASE, misma que avaló el órgano jurisdiccional local cuando libró la orden de aprehensión, fue conforme a derecho y totalmente legal
3. El Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para atraer el caso, toda vez que se trata de un delito por hecho de corrupción tipificado en el Art 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua como Peculado Agravado
4. La actuación local se encuentra plenamente fundada en el Estado de Derecho, el CNPP y respalda en el Pacto Federal mexicano, es decir, en nuestra Constitución
Esta Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua mantendrá la carpeta de investigación, en virtud de que sigue vigente la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, otorgada por la Jueza Décimo de Distrito, la cual continúa surtiendo plenos efectos legales en protección de las prerrogativas de la víctima, que es la sociedad chihuahuense.
Dicho lo anterior, es indispensable distinguir entre dos asuntos jurídicos distintos: Por un lado, el conflicto competencial, en el que las únicas partes son el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal; y por otro, el juicio de amparo, cuyas partes son la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, los chihuahuenses y el imputado J.C.J, así como la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua como tercero interesado.
Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua reitera su compromiso permanente e inquebrantable con el combate a la corrupción, la aplicación estricta de la ley y la observancia irrestricta del debido proceso, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas.
Este organismo autónomo continuará defendiendo la competencia estatal respecto de los recursos que integran el erario chihuahuense, así como la legalidad y solidez jurídica de sus investigaciones, enfatizando que los procedimientos de procuración e impartición de justicia deben desarrollarse al margen de cualquier consideración o narrativa de carácter político, en estricto apego al marco constitucional y legal.
