En las ciudades latinoamericanas, las motocicletas se han convertido en protagonistas silenciosas de la vida urbana. Más que una solución de movilidad personal, hoy son un instrumento de desarrollo económico-laboral y una pieza primordial de la cadena de suministro.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2022), su presencia se consolidó inicialmente como respuesta a la falta de transporte colectivo confiable. Desde Ciudad de México hasta Lima, de São Paulo a Caracas, las motos transportan personas, medicinas, alimentos y documentos, y cumplen un papel preponderante en la eficiencia de la economía urbana sin depender del transporte público.
América Latina registra un crecimiento notable del parque de motocicletas. En Colombia se duplicó en menos de una década. En Perú, las ventas crecieron más del 60 % tras la pandemia. Y en Venezuela, los registros oficiales señalan que, en 2025, hay más de un millón circulando por las calles de sus ciudades.
Este aumento no solo refleja un cambio en la movilidad personal, sino también la expansión de la economía digital y del delivery urbano, que conecta consumidores y negocios con una eficiencia inédita.
El auge del reparto urbano ha redefinido por completo el rol de las motos. En Brasil, iFood emplea a más de 200 000 repartidores. En Colombia, Rappi se ha consolidado como una de las principales plataformas de trabajo y de ingresos independientes, y en Venezuela, cadenas como Farmatodo desarrollan redes propias de entregas en moto.
En este contexto, la motocicleta se ha vuelto un instrumento de desarrollo económico y laboral que facilita el comercio y la distribución de bienes esenciales en entornos urbanos.
El impacto laboral del fenómeno es innegable. Hay estimaciones de que, en 2024, más de 200 000 motorizados se habrían incorporado al sector del delivery en Venezuela y serían ya más de 300 000 trabajando como repartidores.
Estas cifras reflejan la capacidad del comercio electrónico para generar empleos con ingresos que superan el salario mínimo, incluso en medio de la crisis económica.
Sin embargo, el crecimiento del empleo motorizado también pone en evidencia las tensiones entre formalidad e informalidad laboral en Venezuela. Los repartidores operan bajo contratos de prestación de servicios, sin derechos plenos, lo que crea una formalización híbrida: van uniformados, tienen seguros (parciales) y rutinas fijas, pero no estabilidad ni prestaciones completas.
Un fenómeno similar se observa en otros países de la región. En Perú, el Ministerio de Trabajo evalúa normativas para trabajadores digitales dependientes de plataformas de delivery; en Brasil, el debate sobre los motoboys de plataformas como iFood llegó al Congreso, y en Colombia, asociaciones de motorizados exigen su inclusión en la seguridad social.
En Venezuela, el fracasado intento de regular el sector ilustra la complejidad del tema y muestra la urgencia de que haya políticas coherentes que reconozcan el valor económico y social del trabajo motorizado.
