En un hecho inédito, el Gobierno Federal ha solicitado a las entidades federativas que aporten recursos propios para impulsar programas de alcance nacional, rompiendo con el modelo tradicional en el que la Federación asumía el financiamiento exclusivo de sus iniciativas.
Esta petición, formalizada a través de acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, ha generado sorpresa y debate entre especialistas en política fiscal y gobernadores estatales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el 16 de enero de 2025 un acuerdo que detalla la calendarización y distribución de recursos federales para los ramos 28 y 33, que tradicionalmente canalizan participaciones y aportaciones a estados y municipios.
Sin embargo, en paralelo, se emitieron lineamientos que invitan —y en algunos casos condicionan— a las entidades federativas a cofinanciar programas federales, especialmente en áreas como infraestructura educativa, salud y desarrollo social.
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por ejemplo, contempla ahora componentes que requieren contrapartidas estatales para acceder a recursos destinados a infraestructura educativa básica, media superior y superior.
Históricamente, los programas federales se financiaban con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin requerir aportaciones estatales directas.
Esta nueva dinámica modifica el equilibrio fiscal entre niveles de gobierno, generando tensiones en estados con menor capacidad recaudatoria.
Algunos analistas advierten que podría sentar un precedente para descentralizar parcialmente la responsabilidad financiera, sin una reforma constitucional que lo respalde.
Gobernadores de entidades con menor recaudación han expresado preocupación por la inequidad que esta medida podría generar.
Expertos en derecho fiscal señalan que, si bien no es ilegal, sí representa una ruptura con la práctica histórica de federalismo fiscal mexicano.
Organizaciones civiles temen que esta estrategia derive en una disminución de cobertura en programas sociales si los estados no logran aportar lo requerido.
Se espera que en las próximas semanas se convoque a mesas técnicas entre la SHCP y representantes estatales para definir los alcances y condiciones de esta nueva modalidad.
Algunos congresos locales ya han solicitado informes a sus respectivos ejecutivos sobre el impacto presupuestal de estas solicitudes federales.
