El experto en delincuencia organizada José Carlos Hernández Aguilar explicó que el grave problema de deforestación que sufre la sierra de Chihuahua, y en otras regiones de país, obedece al nivel tan elevado de impunidad para castigar los delitos ambientales, pues en México más del 90 por ciento de los casos no se judicializan.
Por principio de cuentas, dijo, hemos de aclarar que de acuerdo al artículo 2o de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, hay 25 conductas delictivas que conforman este contexto estructural.
Entre estas, se encuentran los llamados ‘Delitos Ambientales’ y, entre estos últimos, la delincuencia organizada en materia de tala inmoderada, derribo o muerte de árboles, etc.
En ese sentido y, de acuerdo a datos proporcionados y transversalisados en estudio, por las distintas Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Seguridad Pública -la federal y las 32 estatales-, se deduce que en México hay por los menos 450 asociaciones delictuosas (no necesariamente de la delincuencia organizada), dedicadas propiamente a dichas acciones antisociales y en contra de los recursos naturales.
Acciones delictivas graves de altísima reincidencia, de las que sólo un 7% de estas, se logra judicializar, puntualizó.
Agravándose el panorama, de que solo un 0.1% de ellas, se obtiene alguna sentencia condenatoria. Más aún, se abona al análisis, las penas irrisorias en este rubro, dijo.
Este abanico de posibilidades impunizantes, se vuelven altos factores de reincidencia antisocial y más, cuando son consumadas por los poderosos y cooptantes cárteles mexicanos, indicó José Carlos Hernández.
Por la confluencia de los 4 estados que intervienen en su comisión (Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango), incluso y dicho sea de paso, hay un trasiego increíble de cactáceas protegidas y prohibida su venta, que se ha propagado por grupos delincuenciales.
Y obviamente creemos que los grupos criminales que transitan en la serranía chihuahuense, obviamente, participan de esa tala de bosques, para la posterior venta clandestina de sus derivados.
Pero no se puede circunscribir que necesariamente, los cárteles realicen como tales, dichas actividades, sino, que también hay familias que aún sin pertenecer a dichas estructuras, realizan acciones clandestinas en materia ambiental, concluyó.
