La Síndica del Municipio de Chihuahua, Olivia Franco, expresó su rechazo categórico a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), la cual declaró inexistentes las infracciones por violencia política de género atribuibles al regidor Miguel Riggs, a pesar de que se acreditaron insultos proferidos en su contra durante una sesión de la Comisión de Hacienda.
“Es una incongruencia total que el Tribunal afirme que no hubo infracción alguna y, sin embargo, dé vista al Órgano Interno de Control para que actúe en consecuencia. Esto solo refleja una falta de coherencia y responsabilidad institucional”, señaló Franco.
Durante su sesión pública número 35, el TEE aprobó con dos votos a favor y uno en contra el proyecto de resolución elaborado por su presidente, Hugo Molina Martínez, que exoneró a Riggs. Votaron a favor el propio Molina y la magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco, mientras que la magistrada Roxana García Moreno votó en contra y emitió un razonamiento particular.
La magistrada García Moreno sostuvo que las expresiones del regidor sí constituyeron violencia política de género al menoscabar la imagen profesional de Franco. “El insulto fue dirigido a una mujer que ejercía sus funciones públicas, lo cual refuerza estereotipos de género y afecta el desempeño de las mujeres en espacios de representación”, afirmó durante la sesión.
Franco anunció que interpondrá una impugnación ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de revertir lo que calificó como una resolución injusta e incongruente.
“Es preocupante que, incluso en los órganos encargados de impartir justicia, se minimice la violencia que vivimos las mujeres en la política. Se está enviando un mensaje muy peligroso: el de la impunidad institucional”, denunció.
Asimismo, cuestionó la imparcialidad del proceso, tras revelarse que los tres magistrados del TEE sostuvieron una reunión previa con el regidor denunciado. “Este tipo de encuentros siembran dudas sobre la objetividad y transparencia del órgano jurisdiccional”, puntualizó.
Franco reconoció el actuar de la magistrada que votó en contra, destacando que su razonamiento fue congruente con lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara a mediados de junio, cuando instruyó reabrir el caso y analizarlo con perspectiva de género.
Además, señaló que gracias a la sentencia de la Sala de Guadalajara, el TEE reconoció que el regidor Riggs sí estuvo presente en la sesión de la Comisión de Hacienda y que, durante la misma, realizó diversos pronunciamientos misóginos hacia su persona mientras ella exponía su trabajo. Sin embargo, de forma por demás incongruente, el Tribunal determinó que los insultos proferidos hacia ella en su calidad de mujer y respecto al trabajo que como servidora pública desempeña, no son más que majaderías que no deben considerarse violencia política en razón de género (VPRG).
Pese a esto, el TEE resolvió remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que este sea quien sancione al regidor por dichas acciones, lo que evidencia una contradicción: se reconoce que Riggs cometió una falta grave contra una servidora pública, pero se niega a aceptar que esas mismas acciones afectaron a Franco en su condición de mujer.
“La lucha contra la violencia política de género no puede depender de interpretaciones sesgadas ni de influencias externas. Esta no es solo mi causa, es la causa de muchas mujeres que enfrentan violencia política todos los días. Vamos a llevar este caso hasta las últimas instancias”, concluyó.
