Tras la publicación hoy lunes 17 de agosto de la columna «Barrientos La Noticia», donde funcionarios del Poder Judicial de Chihuahua revelaron la existencia de un «tabulador» manejado discrecionalmente por un grupo de aproximadamente 15 jueces, involucrando incluso a magistrados penales, para modificar medidas cautelares de prisión preventiva a favor de imputados, a cambio de cientos de miles de pesos para ponerlos en libertad; el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Francisco Javier Acosta Molina, respondió a este medio y fijó postura sobre el tema.
De acuerdo con la información difundida por esta casa editorial, los juzgadores realizan audiencias a altas horas de la noche, para concretar en lo «oscurito» los cambios de medidas cautelares, presuntamente en algunos casos en complicidad con defensores de los imputados y donde habría hasta MP´s involucrados, lo que configuraría un esquema grave de corrupción dentro del renovado Poder Judicial local.
Cuestionado sobre estos señalamientos, Acosta afirmó que, en caso de existir una denuncia formal sobre ese tipo de prácticas, el Tribunal de Disciplina Judicial «actuaría con todo rigor jurídico».
Pero no confirmó o descartó oficialmente la existencia de ellas.
“En caso de que así fuera (denuncias) no podría dar información de asuntos a mi cargo por una restricción legal. No por capricho o silencio. Así está la ley que nos rige”, respondió a HBMNoticias.
El presidente del TDJ enfatizó que cualquier señalamiento que llegue al órgano será atendido conforme a los procedimientos establecidos:
“Lo que sí puedo decir es que si existiera una denuncia en ese tópico, el TDJ investigará con todo rigor jurídico y atendiendo a las pruebas e indicios que se nos hayan presentado. Estamos apostados en que cualquier investigación seguirá el proceso disciplinario”.
Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia no ha confirmado la existencia de denuncias relacionadas con la presunta red de jueces corruptos que operarían modificaciones de medidas cautelares mediante esos pagos ilegales. Sin embargo, la postura oficial abre la puerta a que, de presentarse una acusación formal, el órgano disciplinario active los mecanismos de investigación correspondientes.
Según las versiones que corren dentro del TSJ, los montos de dicho tabulador alcanzan hasta el medio de millón de pesos, para liberar a presuntos delincuentes, en un fenómeno sin precedente dentro del Poder Judicial de Chihuahua en sus 200 años de existencia.
Como antecedente, se tiene que 301 nuevos jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Chihuahua tomaron protesta el 1 de septiembre de 2025, es decir, la mayoría de ellos aún no tienen ni un año de experiencia al frente de los juzgados y salas penales.
