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México

Exige Senadores de Morena sancionar a funcionarios del Bienestar y del INM por tragedia de migrantes

MÉXICO.- Este miércoles se emitió un posicionamiento público por parte del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción II numeral 1 del artículo 8 y numeral 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la siguiente.

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es de conocimiento público, la noche del 27 de marzo se generó un incendio al interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. El siniestro cobró la vida de al menos 38 personas y dejó un saldo de decenas de heridos, todo ellos personas migrantes que se encontraban retenidos en un edificio administrativo habilitado como albergue.

Esta tragedia no debe quedar como un lamentable accidente o descuido. Lo sucedido con los migrantes en Ciudad Juárez debe investigarse.

A reserva de conocer los pormenores de las investigaciones, para deslindar las responsabilidades correspondientes, la tragedia pone en evidencia ante los ojos del mundo la carencia de programas y estrategias públicas acordes a la dimensión de la crisis humanitaria que durante años se ha estado gestando ante la pasiva mirada de las autoridades nacionales y extranjeras.

No se debe actuar de manera laxa en la aplicación de la justicia y en el deslinde de responsabilidades ante esta tragedia, los derechos humanos más fundamentales y en general el estado de derecho no lo debemos dejar a interpretaciones políticas.

Les corresponde primeramente a las representaciones del Instituto Nacional de Migración y a la Delegación Federal del Bienestar en Chihuahua la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como, participar y colaborar en la formulación de las políticas, planes y programas en la materia, por ello se hace hincapié en que primeramente la delegación del bienestar en chihuahua y en general todos los delegados del bienestar ubicados en las zonas fronterizas, revisen de forma exhaustiva las condiciones que guardan los centro de control migratorio.

Desde esta tribuna hemos estado denunciando reiteradamente las omisiones y desatención a las llamadas de alerta que día con día se manifestaban a través de diversas voces especializadas, de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y las crónicas informativas que señalaban a diario el riesgo latente de alguna calamidad alimentada por la indolencia burocrática en ambos lados de la frontera.

Como soberanía de la república, de nueva cuenta elevamos la voz para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo a las representaciones de migración y la delegación del Bienestar en Chihuahua, para que dé una vez por todas se generen las condiciones de coparticipación activa.

También es por demás importante la cooperación para la búsqueda de soluciones binacionales a una problemática social que con el colofón de la fatalidad ha rebasado los límites de la tolerancia.

Como representantes de esta honorable asamblea pedimos a las autoridades involucradas que revisen todos los centros de detención y control migratorio, especialmente en Juárez, con el propósito fundamental de que se determine si cuentan con las condiciones mínimas de operación para la atención de los migrantes.

Por otro lado, de acuerdo a lo que dispone el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, requerimos que se inicien los procedimientos de investigación de delitos y de responsabilidades administrativas para deslindar presuntos actos delictivos y responsabilidades, asimismo, que se decreten las medidas cautelares previstas entre las que se encuentran la suspensión temporal de los servidores públicos involucrados para preservar los inicios de investigación.

 

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