México.— La Secretaría de Gobernación afirmó que “las reformas a la Constitución y Ley de Educación locales que incluyen un veto o ‘pin parental’ sobre los contenidos educativos, despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos.”
El señalamiento, publicado por la Segob, ocurre en medio de la crisis nacional por la epidemia de Coronavirus, de la cual Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, se ha mantenido al margen.
Por medio de un comunicado, la Segob dijo que la iniciativa presentada en Nuevo León “afectan el Interés Superior de la Niñez al restringir los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y el derecho a la educación laica”.
La normatividad propuesta en Nuevo León es para que los padres en defensa de sus hijos pueden tener derecho a dar consentimiento previo al contenido de clases, actividades, talleres y charlas “que se impartan en centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales y o religiosas”.
En contraste, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
La iniciativa propuesta en Nuevo León va acorde con lo establecido por Naciones Unidas y el exhorto de la Segob contraviene esta perspectiva.
“Uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos”, dice Segob al tratar de impedir la ley a favor de los niños y niñas en Nuevo León.
Desde hace tiempo, Olga Sánchez Cordero es una reconocida promotora del aborto en cualquier circunstancia. Como ministra de la Suprema Corte de Justicia mantuvo esta postura en distintos casos que analizó el Máximo Tribunal.
