Edición 019/2025
Buenos días Chihuahua, hoy es 13 de septiembre de 2025.
La reciente adscripción de 30 nuevos magistrados y magistradas en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, resultado de la Reforma Judicial del pasado 1 de junio, que permitió su elección por voto popular, ha desatado un fenómeno preocupante que pone en riesgo la estabilidad laboral y la dignidad profesional de cientos de trabajadores judiciales.
Secretarios, escribientes, técnicos y personal de apoyo están siendo desplazados sin justificación, en un proceso que privilegia el amiguismo por encima del mérito.
Desde esta semana, los nuevos titulares de salas penales, civiles, familiares y de adolescentes infractores han asumido el control de sus respectivas áreas.
En reuniones internas que ellos convocaron, varios de ellos han advertido que removerán al personal actual para colocar a sus propios allegados en puestos clave. Es decir, la carrera judicial, construida sobre años de servicio, capacitación y compromiso con la legalidad, parece será ignorada.
Lo que se impone parece ahora es el acomodo político, el clientelismo institucional, el desmantelamiento silencioso de una estructura que debería ser protegida por el Estado.
El mecanismo utilizado para este desplazamiento es la “puesta a disposición” ante el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco autoridades, mayormente femenino.
Karla Esmeralda Reyes Orozco, Minerva Correa Hinojosa, Judith Ávila Burciaga, Eduardo Zacarías Gómez Bustamante y Luisa Fernanda Márquez Picard.
Aunque este órgano ha intentado al parecer frenar el embate —“bateando” las peticiones de los magistrados, según fuentes internas— el fenómeno se intensifica.
El clima actual dentro del Poder Judicial es de incertidumbre, descontento y temor. Se anticipa una ola de demandas laborales por despidos injustificados, y el conflicto amenaza con escalar.
Esta misma semana, versiones no oficiales señalan que hubo incluso altercados físicos entre magistrados en el Centro de Justicia de Chihuahua, derivados de la disputa por la adscripción y el reparto de salas.
La tensión llegó al punto de requerir la intervención de personal de seguridad. Si esto ocurre entre los máximos representantes de la justicia estatal, ¿qué puede esperar el resto del personal?.
La Reforma Judicial, supuestamente celebrada por su carácter democrático al permitir la elección popular de magistrados y jueces, parece haber olvidado a quienes sostienen el sistema desde abajo.
Se blindaron sí pensiones y jubilaciones de jueces y magistrados, pero se dejó desprotegido al personal técnico y administrativo.
La carrera judicial no es un privilegio, es un pilar institucional. Representa la profesionalización del sistema, la garantía de que quienes operan la justicia lo hacen con conocimiento, experiencia y vocación.
Desplazar a estos trabajadores para favorecer intereses personales es una forma de corrupción silenciosa. Es una traición al espíritu de la reforma, que prometía transparencia y renovación, no despojo y arbitrariedad.
El clientelismo judicial no solo vulnera derechos laborales: erosiona la confianza pública en el sistema de justicia.
El Poder Judicial de Chihuahua enfrenta hoy una prueba ética. No basta con renovar nombres en las placas de las salas; hay que renovar el compromiso con la justicia, empezando por quienes la hacen posible día a día.
Si no se protege la carrera judicial, si no se respeta al personal que ha sostenido el sistema por años, la reforma será solo una fachada. Y detrás de ella, quedará el rostro de la arbitrariedad.
Es momento de que el Órgano de Administración Judicial actúe con firmeza, que los consejeros defiendan la institucionalidad y que la sociedad civil observe con atención.
