Edición 026/2025
Buen día Chihuahua.
Hoy es martes 28 de octubre de 2025.
El 8 de noviembre de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue ejecutado a plena luz del día mientras circulaba en su camioneta por la avenida Lázaro Cárdenas en Manzanillo, Colima.
El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra Guerrero Alcántar, quien murió instantáneamente.
Su crimen no fue un hecho aislado: fue el punto de quiebre en una cadena de muertes que revelan una red de corrupción profundamente enraizada en las aduanas mexicanas, con vínculos directos a altos mandos de la Marina Armada de México.
En junio de 2024, Guerrero Alcántar envió una carta al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en la que acusaba a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna —sobrinos políticos del propio Ojeda— de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.
El huachicol fiscal es la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos, se estima que decenas de buques ingresaron a nuestro país bajo este esquema.
La denuncia incluía nombres, rutas y mecanismos de encubrimiento. También señalaba a capitanes como Miguel Ángel Solano Ruiz y Climaco Aldape Utrera como operadores clave.
El 10 de octubre de ese año, ya bajo la administración de Claudia Sheinbaum, Guerrero fue citado por el nuevo secretario de Marina, Raymundo Morales en la capital de país, para discutir su denuncia.
Sin embargo paso lo inesperado, menos de un mes después, fue asesinado al estilo del crimen organizado en Manzanillo. La FGR infiere una relación directa entre esa reunión y su homicidio.
Todo apunta a que el ex militar fue traicionado por las actuales cabezas de la Marina Armada de México, institución que el expresidente Andrés Manuel López Obrador otorgó de súper facultades y dinero para la realización de obras multimillonarias con cargo al erario, Muchas de esas obras incluso se pagaron en efectivo para evadir el rastreo y ruta del dinero en evidentes actos de corrupción.
El caso de Guerrero Alcántar no es único.
En septiembre de 2025, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue hallado muerto en Tamaulipas. Se le investigaba por presuntamente recibir sobornos para permitir el paso de un buque con combustible ilegal. Ese mismo mes, el capitán Omar del Ángel Zúñiga murió durante un ejercicio de tiro en circunstancias poco claras.
En mayo de 2023, el capitán Sergio Manuel Martínez Cobarrubias fue asesinado también en Manzanillo.
A estos casos se suma el asesinato de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima, ocurrido el 21 de octubre de 2024. Su muerte presenta similitudes operativas con la de Guerrero: ambos fueron atacados por sicarios en motocicleta, con armas calibre 9 mm y apoyo logístico vehicular.
La investigación de la FGR misma que el medio Latinus ha evidenciado esta semana, derivó además en la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido desde septiembre de 2025 en el penal del Altiplano. Su hermano, el contralmirante Fernando Farías, permanece prófugo.
También han sido detenidos cinco oficiales de la Marina y cinco funcionarios de Aduanas por estos hechos.
El expediente revela que Guerrero Alcántar había solicitado una licencia días antes de su asesinato y había informado con precisión su paradero, información que solo conocían sus superiores.
Lo entregaron pues a los asesinos, eso indica la investigación. No hay otra inferencia.
Esto ha alimentado la hipótesis del encubrimiento institucional desde las más altas esferas de la Marina.
El caso Guerrero Alcántar expone una fractura crítica en la cadena de mando de la Marina. La colusión entre mandos navales y redes de contrabando de combustible no solo compromete la seguridad nacional, sino que ha cobrado la vida de quienes intentaron denunciarla.
Hoy, la pregunta no es solo quién mató al contralmirante, sino quién permitió que lo mataran.
Los hijos del expresidente AMLO también aparecen dentro de la carpeta de investigación de la FGR, de más de 500 páginas, como presuntos beneficiarios del llamado huachicol fiscal.
La presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias matutinas calla ante estos hechos, hay otros temas de distracción para la población en el país.
Algo es evidente, la corrupción sigue a todo lo que da en el gobierno de Morena y donde una institución que gozaba de buena reputación en el pasado como la Marina parece también caer ante la corrupción del dinero e influencias en su actuación impulsadas desde el gobierno del expresidente López Obrador.
Avanza la descomposición política y militar en México.
