En un hecho que ha generado preocupación e indignación entre organizaciones laborales y colectivos de mujeres, desde el pasado 30 de junio se notificó el despido masivo de todas las personas trabajadoras sociales adscritas a la Defensoría Pública Federal, como parte del proceso de reestructura derivado de la reforma judicial impulsada a nivel federal.
Lo anterior, fue denunciado en un pronunciamiento por la «Asociación de Personas del Servicio Civil de Carrera de la Defensoría Publica Federal A.C.»
De acuerdo con la información recabada, la separación del cargo ocurrió sin procedimiento previo, sin audiencia y sin garantías laborales, afectando principalmente a mujeres con años de servicio dentro del Poder Judicial Federal.
En varios estados como en Cuernavaca, circulan videos donde se observa a trabajadoras con hasta dos décadas de antigüedad siendo informadas de su baja entre lágrimas y sin acompañamiento institucional.
Fuentes internas del Poder Judicial Federal de Chihuahua, confirmaron que son más de 40 trabajadoras sociales las afectadas y que están siendo notificadas de su despido en distintas entidades del país, pese a que la reforma judicial había sido presentada públicamente como un proceso que “no afectaría derechos laborales ni plazas existentes”.
En Chihuahua, personal sindical del Poder Judicial reportó que también existen trabajadoras afectadas, aunque hasta el momento no se ha difundido el número exacto. Integrantes del gremio señalaron que la medida deja en vulnerabilidad a 43 mujeres que son jefas de familia y sostén económico, además de comprometer la operación de áreas que atienden a población en situación de riesgo.
Lo anterior, pues una sola trabajadora social desempeña muchísimas funciones, no solo hacer estudios socioeconómicos.
La labor de las trabajadoras sociales en la Defensoría Pública Federal es considerada esencial para la atención de personas privadas de la libertad, víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, así como grupos en situación de vulnerabilidad.
Su salida abrupta, advierten, podría generar un vacío operativo en la protección de derechos humanos dentro del sistema de justicia.
Organizaciones civiles y colectivos feministas han comenzado a documentar los casos y preparan posicionamientos públicos para exigir transparencia en el proceso, respeto a la antigüedad laboral y garantías de reinstalación.
Hasta el momento, la Defensoría Pública Federal no ha emitido un comunicado formal sobre los despidos, ni ha explicado los criterios utilizados para la separación del personal.
Se ha indicado, que el Órgano de Administración Judicial federal está despidiendo “poco a poco” por áreas o categorías, ósea que no se note tanto, ante la opinión pública, revelaron trabajadoras entrevistadas por HBMNoticias.com
