Edición 038/2026
Buenos días Chihuahua, hoy es martes 3 de febrero de 2026.
En septiembre del año pasado, el Poder Judicial de Chihuahua vivió una de sus transformaciones más profundas en décadas.
La Reforma Electoral impulsada por el gobierno federal morenista no solo rediseñó el mapa institucional: también dejó fuera localmente a 28 magistrados de salas penales, civiles, familiares, de adolescentes y otras áreas que integraban el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Un reacomodo que, en teoría, buscaba modernizar y mejorar el sistema de justicia pero que en la práctica, abrió una grieta que hoy sigue creciendo en los tribunales federales.
Solo dos magistrados del anterior sistema lograron reelegirse.
Lo verdaderamente revelador no fue la salida de los magistrados, sino lo que vino después. La mayoría —incluida la expresidenta Myriam Hernández— decidió impugnar jurídicamente la liquidación que les otorgó el mismo tribunal que encabezaron durante años. Es decir, el órgano que defendieron, legitimaron y representaron públicamente, hoy es el que combaten jurídicamente para obtener una mejor liquidación.
La paradoja es inevitable: quienes durante años sostuvieron la narrativa de estabilidad institucional ahora cuestionan la legalidad de las decisiones administrativas del propio Poder Judicial. Y no se trata de un par de inconformes. Las demandas y amparos se acumulan en los tribunales colegiados, donde apenas comienzan a emitirse sentencias.
El argumento central es que la liquidación no consideró compensaciones ni percepciones adicionales que, según los exmagistrados, deberían integrarse conforme a la Ley Federal del Trabajo.
El detalle que incomoda —y que pocos mencionan en voz alta— es que muchos de ellos ya gozan de un haber de retiro considerable que la propia reforma judicial estatal les otorgó. Aun así, buscan una liquidación más amplia, más completa, más “justa”, según su interpretación. El contraste entre el discurso de servicio público y la defensa férrea de beneficios personales no pasa desapercibido.
Este episodio deja al descubierto una tensión que trasciende nombres y cargos: ¿qué tanto de la defensa institucional es convicción y qué tanto es conveniencia?, ¿Cuánto pesa la toga cuando se está en funciones y cuánto cuando se deja de portar?.
El Poder Judicial suele pedir respeto a su autonomía, pero hoy enfrenta un espejo incómodo: el de sus propios exintegrantes cuestionando la legalidad de sus decisiones internas. Y mientras los litigios avanzan y quien tiene que enfrentar las resoluciones es el Órgano de Administración Judicial, la ciudadanía observa un capítulo más de un sistema que parece más ocupado en resolver sus batallas internas que en fortalecer su credibilidad externa.
La realidad es que los problemas del nuevo Poder Judicial siguen siendo similares al anterior; se liberan a delincuentes de forma sospechosa, la justicia no es tan pronta ni expedita, la confiabilidad del nuevo sistema se mantiene en entredicho.
La justicia, dicen, debe ser ciega. Pero en Chihuahua, al menos por ahora, parece estar ocupada resolviendo quién merece una mejor liquidación.
Sobre los montos que recibieron los ex magistrados, las sumas varían conforme a la antigüedad que tenían, pero si a muchos no les pagaron siquiera los días correspondiente por año laborado.
Veamos de que tamaño será el boquete financiero que tendrá que destinar este año 2026 el Poder Judicial de Chihuahua por la conclusión de esas demandas laborales en los juzgados federales.
Al tiempo.
