Editorial:
La reciente decisión de un Tribunal Colegiado de atraer a la federación la investigación por el presunto desvío de 96.8 millones de pesos que se sigue contra el senador Javier Corral Jurado abre una discusión inevitable sobre el uso del poder, la coherencia política y la relación del legislador con la llamada Cuarta Transformación.
El movimiento no es menor. Se trata de una carpeta iniciada en Chihuahua, bajo jurisdicción estatal, que ahora pasa sin una real justificación al ámbito federal en un contexto donde diversos actores han señalado que la federación suele operar con criterios más flexibles cuando se trata de figuras cercanas al oficialismo.
La percepción pública —y eso es lo que importa— es que el senador habría logrado que su caso se procesara en un terreno políticamente más cómodo, donde funcionarios de la FGR como Ulises Lara y la propia Ernestina Godoy actúan más como protectores de los funcionarios morenistas que verdaderamente perseguir y castigar a los delincuentes de cuello blanco.
La ironía es evidente. Durante su periodo como gobernador, Corral denunció e impidió con vehemencia con la fuerza policíaca, que la defensa del empresario Alejandro Gutiérrez «La Coneja» acusado de desvíos por el denominado «PRI Gate» intentara llevar su proceso a tribunales federales. En aquel momento, el entonces mandatario argumentaba que ese traslado buscaba diluir responsabilidades y entorpecer la justicia estatal. Hoy, el mismo mecanismo que criticó parece beneficiarlo.
Cuando un actor como Corral que construyó su narrativa en torno a la lucha contra la corrupción y la defensa del federalismo judicial recurre a los mismos atajos que antes condenaba, el mensaje que envía es devastador para su propia causa.
Más allá de lo que determinen los tribunales, el episodio deja una sombra sobre el discurso ético que Corral ha defendido durante años. Y obliga a preguntarse si la cercanía con la 4T —o al menos la capacidad de interlocución con sus estructuras— terminó pesando más que los principios que él mismo enarboló.
La justicia debe seguir su curso. Pero la opinión pública también tiene derecho a exigir coherencia.
¿Dónde queda aquellas frases de Javier Corral, quien cuando gobernaba decía que la justicia en Chihuahua era imparcial y de confianza?.
El senador ha perdido toda credibilidad, ¿A que le teme?.
Solo él lo sabe.
¿Que hicieron con esos casi 100 millones de pesos que nadie los encuentra, ni evidencia de su aplicación para benefició de la entidad?.
Al tiempo.
