Ciudad de México.- La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República -de mayoría morenista- aprobó con 15 votos a favor, citar a una reunión de trabajo a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, y a César Jáuregui, fiscal del estado.
El objetivo del encuentro, programado para el próximo martes, es que den explicaciones sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad locales sin contar con la autorización del gobierno federal.
La controversia surgió tras un accidente carretero en la Sierra Tarahumara donde el pasado domingo fallecieron dos agentes estadounidenses después de un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas.
A raíz de esto, senadores de Morena, como el ex gobernador ex panista Javier Corral, acusaron a la administración estatal de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al permitir una colaboración irregular con agencias extranjeras sin dar aviso a la Federación.
Durante el debate en comisiones, el polémico senador Gerardo Fernández Noroña sostuvo que la operación de agentes de la CIA en territorio nacional busca generar condiciones para «descarrilar» al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El acuerdo original fue modificado a propuesta de Morena para incluir formalmente términos como “violación a la Constitución” y “falta de coordinación institucional con la Federación” en el título del dictamen.
En respuesta, el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que la gobernadora no tiene inconveniente en acudir al Senado para demostrar cómo se combate realmente al crimen organizado.
No obstante, exigió que, bajo el mismo criterio, se cite a comparecer a otros mandatarios, específicamente a Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Marina del Pilar Ávila (Baja California), para que aclaren presuntos vínculos con la delincuencia o la cancelación de visas por parte de Estados Unidos.
Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, fue el único en votar en contra, argumentando que el citatorio tiene una motivación «100% política».
Colosio advirtió que la Comisión de Puntos Constitucionales no tiene facultades para llamar a cuentas a un gobernante estatal y que este movimiento representa un «peligroso precedente», dado que los gobernadores solo deben rendir cuentas a sus respectivos congresos locales y a su ciudadanía.
