En el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se firmó este viernes un convenio de coordinación mediante el cual la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno del Estado transfiere a la Secretaría Ejecutiva del SEA, la facultad de emitir las constancias de no habilitación para todas las personas que aspiren a ocupar un cargo en el servicio público o participar en contrataciones gubernamentales.
Con este acuerdo, Chihuahua se convierte en la primera entidad del país en ceder esta atribución a un órgano ciudadano, un paso considerado de alta relevancia institucional por los integrantes del Comité Coordinador.
El fiscal especializado en combate a la corrupción, Abelardo Valenzuela, destacó que la medida es crucial para impedir que personas previamente inhabilitadas ocupen espacios públicos. Subrayó que no se trata de un trámite menor, sino de un mecanismo que fortalece la integridad del servicio público y coloca a Chihuahua como referente nacional.
Por su parte, Héctor Acosta, auditor superior del Estado, recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción nació hace una década con la intención de concentrar la información de servidores públicos sancionados. Sin embargo, explicó que hasta ahora la SFP estatal solo podía emitir constancias basadas en inhabilitaciones del Poder Ejecutivo, sin certeza plena sobre sanciones impuestas por otros entes.
“En la práctica, se estaban emitiendo constancias parciales”, señaló. Con el convenio, la Secretaría Ejecutiva del SEA concentrará toda la información proveniente de autoridades estatales y municipales, lo que permitirá emitir constancias completas y evitar que una contratación derive en una falta grave.
El magistrado Francisco Acosta, del Tribunal de Disciplina Judicial, afirmó que la sesión refleja una cohesión inédita dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Consideró que la decisión de la SFP de transferir esta facultad representa “un paso gigante”, pues no es sencillo para una institución desprenderse de atribuciones sensibles, pero en Chihuahua —dijo— prevalece el respeto a la arquitectura institucional.
El comisionado presidente del ICHITAIP, Sergio Facio, celebró que la emisión de constancias quede en manos de un órgano ciudadano, lo que garantiza acceso a la información pública y evita que el proceso quede sujeto a vaivenes políticos.
A su vez, Alejandro Tavares, representante del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, reconoció la voluntad de las instituciones involucradas y afirmó que este acuerdo coloca a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas. “Es evidente que estamos avanzando en empoderar al ciudadano”, expresó.
