Chihuahua, Chih.— Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en suspensiones de servidores públicos sujetos a investigaciones por presuntas faltas administrativas graves y se encuentra en segundo lugar en sentencias con responsabilidad, informó el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix.
Los resultados fueron presentados ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, como parte del Informe Anual de Avances 2026 de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que da cuenta del seguimiento a las acciones derivadas de los procesos de fiscalización.
De acuerdo con el auditor superior, la capacidad para acreditar responsabilidades, aplicar inhabilitaciones temporales y establecer sanciones económicas ha colocado a la ASE en el segundo lugar nacional en eficiencia al compararla con otros órganos de fiscalización del país.
Acosta Félix detalló que, desde 2019 y hasta la fecha, se han presentado 2 mil 766 denuncias administrativas relacionadas con presuntas faltas graves y no graves.
Además de las acciones encaminadas a determinar responsabilidades, destacó que la fiscalización ha permitido recuperar recursos públicos. El monto acumulado asciende a mil 300 millones 443 mil 173 pesos, derivados de daños detectados, pagos improcedentes, recursos sin comprobar o ejercidos de manera irregular, así como de procedimientos legales y reparaciones.
Del total recuperado, 557.5 millones de pesos corresponden a recuperaciones directas realizadas por la ASE como resultado de sus procesos de fiscalización.
Los 742.9 millones de pesos restantes corresponden a recuperaciones indirectas, relacionadas con adeudos detectados de los entes auditados hacia otras dependencias estatales, principalmente por obligaciones fiscales, de seguridad social y otros conceptos.
El titular de la ASE señaló que las recuperaciones registraron un incremento de 20 por ciento respecto al año anterior. En el caso de las recuperaciones directas, precisó que durante 2025 se concentró el 48 por ciento del monto acumulado.
Acosta Félix consideró que la restitución de recursos representa uno de los resultados más concretos de las labores de fiscalización, al permitir que recursos públicos que fueron observados regresen a las instituciones correspondientes.
Por su parte, Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que el propósito de las auditorías no debe limitarse a detectar irregularidades, sino promover mejores prácticas dentro de las instituciones públicas.
La legisladora reconoció el trabajo realizado por el personal de la ASE y consideró necesario avanzar en una reforma a la Ley de Fiscalización para fortalecer estos procesos.
En la reunión, realizada de manera presencial y virtual, participaron también las diputadas Carla Rivas Martínez y Alma Portillo Lerma, así como los diputados Carlos Olson San Vicente, Saúl Mireles Corral y Roberto Arturo Medina Aguirre.
