México atraviesa sin duda un momento que muchos analistas describen como uno de los mayores puntos de quiebre en su historia reciente.
Las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios mexicanos, han reavivado una percepción que la ciudadanía arrastra desde hace años: la idea de que el sistema político nacional está profundamente contaminado por redes de protección, complicidades y silencios que favorecen al crimen organizado. No se trata de un señalamiento aislado, sino de un síntoma más de una enfermedad que ha avanzado sin freno.
Diversos observadores han comparado esta etapa con los últimos años de la antigua Roma, cuando la corrupción dejó de ser un desvío para convertirse en la norma. En México, la erosión institucional parece seguir una ruta similar: poderes públicos debilitados, estructuras de justicia incapaces de actuar con independencia, legisladores atrapados entre intereses partidistas y ejecutivos estatales o federales que enfrentan cuestionamientos crecientes sobre su cercanía con grupos criminales o su tolerancia hacia ellos.
En este contexto, la figura presidencial en Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema que ha sido señalado por múltiples voces: la tensión entre la lealtad política y la responsabilidad institucional. Cuando un gobernante es acusado en el extranjero de vínculos con el narcotráfico, la expectativa ciudadana es que el Estado mexicano actúe con rigor, transparencia y distancia crítica. Sin embargo, la percepción pública —alimentada por declaraciones, omisiones o defensas políticas— es que existe una protección hacia ciertos aliados, lo que profundiza el descrédito y alimenta la idea de que la justicia opera con criterios selectivos.
La pregunta que surge es inevitable: ¿qué puede hacer la sociedad frente a un sistema que parece haber normalizado la descomposición?.
La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. La ciudadanía mexicana ha demostrado históricamente que puede organizarse, exigir y presionar. Sin embargo, hoy el reto es mayor: no basta con indignarse, ni con denunciar en redes sociales. Se requiere reconstruir la vida pública desde abajo, fortalecer mecanismos de vigilancia ciudadana, exigir transparencia real, apoyar a instituciones que aún conservan independencia y, sobre todo, romper con la resignación que permite que la corrupción se vuelva paisaje.
México no está condenado. Pero tampoco puede seguir avanzando con un sistema político que opera bajo lógicas opacas, con funcionarios cuestionados y con una clase gobernante que parece más preocupada por proteger alianzas que por proteger al país. La sociedad enfrenta un momento decisivo: o se permite que la descomposición siga avanzando, o asume el desafío de recuperar el Estado, pieza por pieza, institución por institución.
La historia demuestra que los países no se derrumban de un día para otro; se desgastan lentamente hasta que la ciudadanía decide que ya es suficiente. Tal vez México esté llegando a ese punto. Y reconocerlo es el primer paso para empezar a sanear lo que hoy parece irrecuperable.
Al tiempo.
