Edición 050/2026
Buenos días Chihuahua, hoy es martes 7 de Abril de 2026
Este medio de comunicación publicó apenas el pasado fin de semana, que profesionales de la salud del Hospital número 15 de Ginecoobstetricia del IMSS en la ciudad de Chihuahua denunciaron que personal del área jurídica les impartió una plática para instruirlos en la práctica del aborto voluntario.
El hecho ocurrió en pleno «Miércoles Santo», un detalle que, más allá de lo religioso, refleja la desconexión entre la sensibilidad social y la forma en que se están implementando nuevas directrices dentro de las instituciones públicas de salud.
La inconformidad del personal no surgió por capricho ni por resistencia al cambio, sino por un cuestionamiento profundo: ¿puede exigirse a quienes han dedicado su vida a preservar la salud y proteger la vida humana que participen en procedimientos que consideran contrarios a su vocación y a su ética profesional?.
El IMSS, desde su origen, ha sido un pilar para millones de familias mexicanas. Su razón de ser es cuidar la vida, acompañar la maternidad, proteger a las madres y a los recién nacidos. Por eso, cuando dentro de sus propios pasillos se intenta normalizar la idea de que el aborto voluntario y sin justificación debe asumirse como una obligación laboral, surge un conflicto que no puede minimizarse.
No se trata solo de un debate jurídico o administrativo. Es un choque frontal entre la misión ética e histórica de la institución y una política pública que, al imponerse por pura ideología, erosiona la confianza del personal y de la sociedad.
Que piensan los millones de patrones así como los derechohabientes que pagan sus cuotas patronales cada mes y ahora, esos recursos serán para asesinar a seres humanos indefensos. Eso es terrible.
El fondo del problema rebasa al IMSS. Lo que está en juego es la dirección moral de un país que, en medio de crisis de violencia, desapariciones y deshumanización, ahora enfrenta la posibilidad de que la vida en gestación sea tratada como un trámite más, sin importancia para nuestros políticos que dicen ser «progres».
Cuando el Estado promueve prácticas atentatorias contra la vida, y además pretende que los profesionales de la salud las ejecuten sin objeción, la pregunta es inevitable, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?.
Una sociedad que renuncia a proteger a sus niños —incluso antes de nacer— es una sociedad que renuncia a su propio futuro.
Una sociedad que desoye la conciencia de sus médicos es una sociedad que se desconecta de su propia humanidad.
Lo más preocupante es la velocidad con la que estas políticas se están instalando en la vida pública. Sin debate social, sin consulta, sin escuchar a quienes están en la primera línea de atención médica. En Chihuahua parece que todo se tiene que hacer así, de golpe y porrazo por ordenes de las oficinas centrales del IMSS.
Así, poco a poco, se va configurando lo que muchos llaman «la cultura de la muerte», una forma de pensamiento que trivializa la eliminación de vidas humanas y que reduce la dignidad a un mero criterio administrativo.
México, y ahora Chihuahua, parecen avanzar hacia un modelo donde la vida es negociable, donde el valor de un ser humano depende de circunstancias externas y donde la objeción de conciencia se percibe como un obstáculo, no como un derecho para los médicos.
Como chihuahuenses tenemos que reflexionar. No se trata de imponer ideologías, sino de reconocer que toda vida humana merece protección, y que las instituciones públicas no pueden convertirse en instrumentos de políticas que desdibujen ese principio, y literal se manchen las manos de sangre de seres inocentes.
A los médicos del hospital de «Gine», les dijeron que algunos podrán recurrir a la objeción de conciencia para evitar la práctica del aborto voluntario, empero sin duda la medida será impuesta gradualmente.
Ante esa situación denunciada en nuestro medio, veremos que sucede.}
Al tiempo.
