La 67 Legislatura de Chihuahua, exhortó al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que establezcan y realicen las acciones que correspondan de acuerdo al contenido de los artículos transitorios del decreto que publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, relativo a la justicia digital, a través de la implementación de herramientas y mecanismos tecnológicos para tal fin.
Al respecto la diputada Georgina Zapata Lucero, en su proposición describe que dichos entes deberán establecer la pertinencia de la implementación de las herramientas tecnológicas descritas en el Libro Octavo del citado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, titulado “De la Justicia Digital” en el sistema de Justicia Estatal y dictar los tiempos y condiciones para su implementación.
Además de lo anterior deberán realizar las propuestas de adecuación a las Leyes y Códigos procedimentales Estatales que correspondan a esta 67 Legislatura, así como la emisión por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de los lineamientos y disposiciones administrativas que al efecto sean necesarias.
En ese sentido la legisladora explicó que tales herramientas, con las que se establecen las bases para el aprovechamiento de las tecnologías de la información en los procedimientos judiciales, tendrán como fin implementar el uso de la firma y actuaciones electrónicas, expedientes digitales, juicios en línea y audiencias a distancia, en forma adicional y en condiciones de igualdad con los formatos tradicionales en papel, expediente físico, audiencia presencial y firma autógrafa.
Finalmente dijo que las adecuaciones anteriores son necesarias para que nuestro sistema de justicia sea de vanguardia, eficaz, y responda a las necesidades de la población, pues en términos generales, ante los ojos de la ciudadanía, el sistema de justicia civil y familiar, en donde el papel y la integración de expedientes es el común denominador, resulta lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso, ya que los procesos suelen ser las más de las veces largos, tediosos, fríos e infructuosos para resolver el problema planteado ante los órganos jurisdiccionales.
