En una muestra más de imposición de poder, el PAN apoyado por su comparsa electoral y política, el PRI, buscan dejar sin voz, en una clara violación a ley, a los pueblos originarios que habitan y conviven en el Estado de Chihuahua.
Después de que la gobernadora de Estado, enviara al legislativo local una iniciativa con la finalidad de transformar la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, a rango de Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, la bancada de morena pidió primeramente se diera, como lo establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes “Convenio 169 de la OIT”, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una consulta pública entre los pueblos originarios, a lo que el PAN se ha negado.
Ha sido en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pueblos y Comunidades Indígenas, en donde la bancada morenista ha explicado que previo a un estudio de la Iniciativa con carácter de decreto, enviada por el poder ejecutivo, se debe realizar la consulta.
Los morenistas además han insistido y recordado que con la sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 201/2020 se reitera el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el hecho de que las medidas legislativas que incidan directamente en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas de una entidad federativa que puedan resultar benéficas para esos grupos, no resulta justificación para omitir consultarles previamente a la toma de la decisión.
A pesar de todo ello, al postura del PAN ha sido inamovible e incluso en recientes mensajes a la prensa local, la bancada de Acción Nacional, ha asegurado que “Ya hay consultas previas, tanto a personas, organizaciones, instituciones que están relacionadas con la Sierra y sus habitantes y con ello se soporta esta gran decisión de generar esta Secretaría…“ reiterando una vez más su desprecio por las voces de los Pueblos Originarios, relegándolos a un papel secundario en una decisión que no sólo les concierne sino que les afectará directamente.
Pues aunque es cierto que se ha trabajado con “personas, organizaciones, instituciones que están relacionadas con la Sierra y sus habitantes”, esto ha sido en otros ámbitos no en el de elevar una Comisión a Secretaría; la ley (mexicana y acuerdos internacionales) es muy clara y pide una consulta con los pueblos originarios, no con quienes podrían “estar relacionados” con ellos; además esta declaración es una muestra irrefutable de que, una consulta y una discusión posterior del asunto, es impostergable pues en la misma se delata la poca información que se tiene sobre este sector poblacional del estado, pues se habla de los habitantes de la sierra, cuando la sierra si bien es habitada por los Pueblos Originarios también lo es por mestizos y los primeros se encuentran diseminados no nada más en esta región, sino en todo el estado.
Los Pueblos Originarios no pueden ser reducidos a “habitantes de la sierra”. Sólo el 35 por ciento se localizan en los 18 municipios de la Sierra Tarahumara; sin embargo, el 54% de dicha población habita en los cinco municipios más poblados del estado, es decir, en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral, y el 11%, se ubica en los 44 municipios restantes. De lo anterior debe destacarse que, del total de personas que se auto adscriben como indígenas, alrededor de 100 mil de ellas conviven en el municipio de Juárez, perteneciendo el 10% a pueblos originarios del Estado de Chihuahua, y el resto provenientes de otras partes de la República Mexicana.
Esta propuesta del ejecutivo no es menor, pues afectará al 11 por ciento de la población del estado, pues los miembros de los Pueblos Originarios suman 411 mil 605 ciudadanos, a los que se les estaría negando, por parte de las bancadas del PAN y el PRI del poder legislativo que los debe representar, la oportunidad de tener voz a través de una consulta que esta claramente dispuesta por la ley.
