El proyecto planteaba que el Congreso de Veracruz modificara los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del estado para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, incluir la causal de riesgo para la salud de la mujer y eliminar el plazo de 90 días para la interrupción en casos de violación.
La discusión del proyecto:
Al expresar su voto en contra, Norma Lucía Piña Hernández señaló que la interrupción del embarazo en Veracruz sí «está regulada», por lo que dijo no compartir el concepto de «omisión legislativa» en el amparo interpuesto por organizaciones civiles, feministas y defensoras de derechos humanos.
«No existe un mandato que obligue a los legisladores a regular de forma específica. La corte incurriría en activismo judicial que desbordaría sus facultades constitucionales (…) No me pronuncio en cuanto al fondo de la constitucionalidad de las normas; voy en contra del proyecto por el tratamiento que se le da (al proyecto)», expuso.
La ministra Margarita Ríos-Farjat también se pronunció en contra del proyecto, alegando que no hay omisión legislativa porque, señaló, la norma sí existe.
Mientras que los ministros Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también rechazaron el proyecto, compartiendo las posturas de sus compañeras.
Mientras la discusión se llevaba a cabo, los llamados grupos «pro-vida» protestaron frente a la Suprema Corte para exigir que el proyecto fuera desechado.
