Bajo la administración de Guadalupe Taddei Zavala, el Instituto Nacional Electoral (INE) desenterró recursos que se autorizaron en 2021 para estudiar y analizar la remodelación del edificio D de su complejo de oficinas en Tlalpan.
El dinero se distribuyó en ocho contratos, de los cuales tres mostraron irregularidades, según una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC).
En la auditoría DAB/04/OP/ 2025, concluida en marzo de 2026, el OIC cuestiona que tres contratos de servicios relacionados con el proyecto de obra Remodelación del Conjunto Tlalpan se hayan realizado en 2024, pese a que el acuerdo del Comité Técnico de 2021 establecía que, si no se iniciaban los procedimientos de contratación dentro de cuatro meses, los recursos autorizados quedarían cancelados.
Otra irregularidad que el contralor interno del INE encontró en los contratos INE/SROP/03/2024, INE/SROP/04/2024 e INE/SROP/ 06/2024 están relacionadas con debilidades en la transparencia, trazabilidad y justificación de las adjudicaciones realizadas.
Una de las principales debilidades en el seguimiento a los contratos fueron los tiempos de demora. Por ejemplo, en el contrato INE/SROP/03/2024 la estimación se entregó 115 días naturales después del corte correspondiente. En el contrato INE/SROP/04/2024, la estimación se autorizó 46 días naturales después de su entrega.
En el contrato INE/SROP/06/ 2024, la estimación se presentó 148 días naturales después del corte; además de que no se identificaron estimaciones con la periodicidad máxima de 30 días que establece la normativa.
La auditoría fiscalizó un monto de 1.9 millones de pesos de un total de 16.7 millones contenidos en los tres contratos. Sólo hubo 198 mil pesos por aclarar en la observación número tres, relacionada con la entrega y autorización de estimaciones de pago, los anticipos y el cumplimiento de los plazos.
Se trató del contrato INE/SROP/06/2024, el plazo para terminar la obra era el 26 de enero de 2025. El reporte al que tuvo acceso el OIC en marzo de 2026 reflejaba un avance real de 41%, frente a 100% programado para el cierre.
El auditor cuestionó que la autoridad encargada no aplicara las penas convencionales correspondientes a los retrasos, de eso derivan los 198 mil pesos que deben aclararse. También identificó problemas en la documentación y seguimiento de los servicios.
“El residente autorizó el pago del Concepto DRO-01, sin que este se hubiere concluido en su totalidad”, señala la auditoría.
El OIC cuantificó este concepto en 170 mil 725.01 pesos, más 27 mil 316 pesos de IVA, para un total de 198 mil 41.01 pesos. La auditoría concluyó que la respuesta del área auditada no logró aclarar los hechos observados y, por lo tanto, el OIC mantuvo el monto por aclarar.
