Por: Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez
La reciente detención de un periodista en la zona del Ángel por parte de elementos de la Policía Municipal de Chihuahua nos pone frente a un problema que, por desgracia, se está volviendo costumbre en nuestras calles: el choque entre la actuación de la autoridad y la libertad de prensa.
El director de Seguridad Pública, Julio César Salas, hizo lo que el manual burocrático le dicta: citar a los agentes involucrados y exhortar al periodista a que presente su denuncia ante Asuntos Internos. Administrativamente, ese es el paso a seguir. Pero como abogado penalista, les digo algo muy claro: esto no se reduce a una simple «falta administrativa» o a un exceso de celo policial. Estamos hablando de una violación constitucional directa.
Los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución no son sugerencias. Ningún servidor público puede censurar ni impedir el ejercicio periodístico.
Cuando un policía detiene a un reportero, lo intimida o intenta confiscarle su equipo bajo el viejo pretexto de «obstruir la labor policial», no está cometiendo un error de criterio; está cruzando la línea hacia el abuso de autoridad.
Hay que dejarlo claro: la vía pública es de todos, y el actuar de los elementos de seguridad está sujeto al escrutinio ciudadano. Un policía en funciones en la calle no tiene un «derecho a la privacidad» que impida que sea grabado. Mientras el periodista respete los perímetros oficiales (el acordonamiento) y no altere activamente una escena, documentar los hechos es su derecho y su trabajo.
Decirle al periodista afectado «ve y denuncia para que lo investiguemos» es trasladar el peso del problema a la víctima.
El conflicto de fondo es estructural. Los primeros respondientes siguen operando bajo la falsa creencia de que su uniforme les da derecho a confiscar equipos o exigir que se borren videos, ignorando por completo que, para revisar o retener el teléfono celular de cualquier ciudadano o periodista, se requiere forzosamente la orden de un Juez de Control. Hacerlo sin ella es ilegal.
En Chihuahua necesitamos corporaciones de seguridad que no le tengan miedo a la cámara.
Si de verdad queremos consolidar un Estado de Derecho serio y moderno, la respuesta no puede ser abrir investigaciones internas después de que el abuso ya ocurrió. Necesitamos corporaciones capacitadas en derechos humanos y un sistema de justicia que garantice, desde el primer contacto en la calle, que el periodismo se puede ejercer sin el riesgo de terminar en la comandancia.
La calle no es propiedad de las autoridades, es el espacio donde ocurre la noticia. Y sin una prensa libre de documentarla, la justicia en nuestro estado simplemente se queda a ciegas.
