El Gobierno federal y Morena derrocharon recursos de los mexicanos y ahora, al no tener dinero, pretenden resolver sus problemas financieros con más impuestos, mayores cargas fiscales y deuda pública, advirtió la diputada federal Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN.
En el marco de la discusión del paquete fiscal y de la Ley de Ingresos para 2027, la legisladora cuestionó el manejo de la Hacienda Pública y señaló que el Gobierno federal, en lugar de impulsar el crecimiento económico y combatir la corrupción, pretende exprimir el bolsillo de los contribuyentes y contratar hasta 1.7 billones de pesos de nueva deuda.
“Estamos contratando deuda para pagar deuda. Eso no es soberanía financiera ni austeridad; es hipotecar irresponsablemente el futuro de las familias mexicanas y de las próximas generaciones”, afirmó.
González Alonso advirtió que el aumento del endeudamiento y el elevado costo del financiamiento obligarán a destinar una mayor proporción de los ingresos públicos al pago de intereses y amortizaciones, lo que reducirá los recursos disponibles para salud, seguridad, educación, infraestructura y servicios públicos, que actualmente están colapsados.
Si los ingresos resultan insuficientes, alertó, el Gobierno tendrá que recortar gastos, aumentar la recaudación o contratar más deuda. En este sentido, la diputada por Chihuahua sostuvo que el paquete fiscal no será una estrategia de crecimiento ni de bienestar, sino que ejercerá una mayor presión sobre los contribuyentes.
Aunque Morena asegura que no habrá nuevos impuestos, González Alonso afirmó que las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley Federal de Derechos encarecerán obligaciones, trámites y permisos.
Señaló que las principales afectadas serán las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan más del 70 por ciento del empleo formal, pues tendrán menos recursos para invertir, mejorar los salarios y conservar los puestos de trabajo.
También cuestionó el aumento de los costos de los permisos y las certificaciones de la COFEPRIS, así como del Derecho de No Residente y de las visas. Estas medidas, sostuvo, pueden encarecer los servicios de salud y restar competitividad al turismo.
“¿De qué sirve recaudar más si las familias siguen enfrentando carencias en salud y seguridad? Ahí están las protestas del personal del IMSS y del ISSSTE, que denuncian la falta de equipos, medicamentos e instalaciones dignas”, concluyó.
