Edición 066
Buenos días Chihuahua, hoy es lunes 21 de septiembre de 2026.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el pasado 8 de septiembre, durante la conferencia matutina, que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha detenido a 67 mil 200 personas relacionadas con delitos de alto impacto desde el inicio de su administración.
Sin embargo, los datos oficiales revelan una realidad distinta: en casi dos años, la población penitenciaria del país solo ha crecido en 37 mil 934 internos, lo que significa que prácticamente la mitad de quienes fueron capturados por delitos graves ya no permanecen en prisión.
Las matemáticas no mienten, el otro resto ya goza de la impunidad.
Las cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social muestran que el 1 de octubre de 2024, cuando comenzó el gobierno de Sheinbaum, había 234 mil 514 personas privadas de la libertad en penales federales y estatales.
Para el 31 de julio de 2026, el registro ascendió a 272 mil 448. El contraste entre el número de detenciones y el incremento real en la población penitenciaria abre un cuestionamiento inevitable sobre la efectividad de la reforma judicial promovida por Andrés Manuel López Obrador, que fue presentada como una transformación profunda del sistema de justicia y como una herramienta para combatir la impunidad.
La reforma prometía agilizar procesos, fortalecer la actuación del Ministerio Público y garantizar que los delitos de alto impacto tuvieran consecuencias inmediatas y firmes. Sin embargo, los números y la realidad muestran que miles de personas detenidas por delitos graves han recuperado su libertad en cuestión de semanas o meses, lo que sugiere que el sistema sigue enfrentando los mismos problemas de corrupción y mala integración de expedientes, fallas en la investigación, criterios judiciales dispares y medidas cautelares que no necesariamente derivan en prisión preventiva.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha respondido ante la discrepancia señalando que la puesta a disposición de los detenidos corresponde al Ministerio Público, le echó la culpa, que es quien determina la situación jurídica de cada persona, y que las medidas cautelares dependen exclusivamente de la autoridad judicial.
Con ello, la dependencia se deslinda de la responsabilidad sobre el destino final de los detenidos y coloca el foco en los operadores del sistema penal. Aun así, la pregunta permanece en el aire: si casi la mitad de los presuntos delincuentes de alto impacto ya están libres, ¿qué tan útil fue la reforma judicial que prometía cerrar el paso a la impunidad y transformar la justicia en México?.
La gran brecha entre las detenciones anunciadas y los encarcelamientos efectivos vuelve a encender el debate sobre la capacidad real del Estado para sostener procesos sólidos, garantizar castigos proporcionales y evitar que los detenidos regresen a las calles sin consecuencias jurídicas claras.
El sistema judicial del país esta colapsado, no funciona todos lo sabemos, pero se nos vende incansablemente desde el aparato de comunicación social del gobierno federal que vivimos en un estado de derecho.
Casi casi un mundo maravilloso es México, la manipulación a todo lo que da.
Usted que opina estimado lector.
