En un mensaje dirigido a medios de comunicación y a la ciudadanía, el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela confirmó la ejecución de una orden de aprehensión en contra de un juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, identificado con las iniciales «M.J.T.», por su presunta participación en actos de corrupción dentro de un proceso judicial.
El fiscal contextualizó que este caso ocurre en medio del debate nacional sobre la democratización del Poder Judicial y la reciente elección de jueces y magistrados. Señaló que ningún mecanismo de elección garantiza por sí mismo la integridad de los juzgadores, y que el fuero “no es un privilegio ni garantía de impunidad”.
Valenzuela destacó que la detención del juez representa «un hito institucional», al ser la primera vez que un juzgador penal en Chihuahua es presentado ante tribunales para responder penalmente por actos cometidos en el ejercicio de su función.
“Quien fue investido para ser el guardián del Estado de Derecho, no puede ser el primero en quebrantarlo”, afirmó.
La investigación se originó a partir de denuncias ciudadanas sobre irregularidades en un proceso penal. Según los datos de prueba, el juez habría actuado de manera dolosa para favorecer a una de las partes, modificando medidas cautelares durante el periodo vacacional del Poder Judicial, pese a que otro juez ya había impuesto prisión preventiva justificada.
La Fiscalía señaló que existe evidencia de una relación de amistad entre el juez detenido y el abogado defensor del imputado beneficiado, lo que refuerza la hipótesis de una ventaja procesal indebida.
Tras el análisis técnico y jurídico, la Fiscalía determinó que la conducta del juez encuadra en el delito de prevaricación agravada, previsto en el Código Penal estatal para sancionar a servidores públicos que dictan resoluciones contrarias a la ley, basadas en hechos falsos o con la intención de beneficiar indebidamente a alguna de las partes.
Valenzuela explicó que el juez habría excedido los límites de una audiencia de revisión de medidas cautelares, incluso descalificando los razonamientos de otra juzgadora y asumiendo funciones propias de una segunda instancia, lo cual es contrario a la normativa procesal.
La orden judicial fue librada por un órgano jurisdiccional que validó los argumentos del Ministerio Público y ejecutada por agentes de investigación en la ciudad de Chihuahua, “con estricto apego al debido proceso y absoluto respeto a los derechos humanos del imputado”.
El fiscal fijó una postura institucional con tres puntos centrales:
1. Defensa de la independencia judicial, pero rechazo absoluto a la corrupción e impunidad.
2. Respeto a la función jurisdiccional, aclarando que la Fiscalía no revisa sentencias, sino conductas desviadas de servidores públicos.
3. El Estado de Derecho aplica para todos, sin importar cargo, investidura o jerarquía.
Valenzuela enfatizó que la autoridad de un juez es una encomienda constitucional y un voto de confianza de la sociedad, por lo que su desviación debe ser investigada y sancionada.
El fiscal concluyó asegurando que las instituciones en el estado funcionan y cumplen con su responsabilidad constitucional, sin importar quién sea la persona investigada.
“La ley en nuestro Estado es una sola y se aplica con la misma vara para todos… En Chihuahua, la justicia no tiene excepciones y nadie está por encima de la ley”, subrayó.
